Hace apenas tres semanas, la gerente de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), Matilde Moro, explicaba que, tras una reunión con el Ministerio, desde Agricultura les habían trasladado que, «en principio, la enfermedad hemorrágica epizoótica, sanitariamente no les preocupaba especialmente. De hecho, no se han puesto medidas especialmente estrictas porque la idea que tenía el Ministerio es que no había mayor problema». Ya por esas fechas la EHE estaba causando muchos disgustos a los ganaderos y, desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar.

El pasado día 20, el departamento que dirige Luis Planas emitía la última actualización oficial sobre el estado de la enfermedad en España. Desde la anterior, publicada el día 11, se habían detectado 23 nuevos focos en provincias tan lejanas entre sí como La Coruña, Zamora, Vizcaya o Castellón. Solo Cataluña queda libre en el área peninsular y únicamente desde dos de sus provincias (Barcelona y Gerona) se pueden hacer movimientos de vida de ganado vacuno, con el perjuicio que esto provoca a los ganaderos que exportan animales.

La previsión meteorológica augura temperatura altas para las próximas dos semanas, lo que, unido a las lluvias caídas en todo el país en fechas recientes, implica que el mosquito que transmite la enfermedad seguirá medrando. Esto hace pensar que la patología continuará extendiéndose y que su incidencia, que se supone tendrá que descender con los primeros fríos, tardará en remitir. Y los ganaderos siguen sin respuestas.

De hecho, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras reunirse con el Ministerio de Agricultura y mantener encuentros con los responsables de sanidad animal en las distintas comunidades autónomas, ha criticado la falta de comprensión de la administración con el sector ante la EHE. En concreto, la organización agraria cree que las administraciones estatales y autonómicas no se están implicando lo suficiente ante la aparición de una nueva enfermedad que se ha extendido rápidamente a prácticamente todo el territorio nacional, azotando fuertemente a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Comunidad de Madrid y afectando en algunas explotaciones a más del 80% de los animales.

«Desde el sector estamos viendo cómo se ha extendido la enfermedad con una rapidez inaudita. En muchas ocasiones vemos que los animales pueden superar la enfermedad, pero también hay casos donde la mortalidad está siendo extremadamente elevada», han denunciado. La organización ha reclamado a las administraciones «esfuerzos adicionales» para facilitar la divulgación del conocimiento que se pueda tener y que permita al sector conocer y concienciarse sobre la enfermedad: síntomas, prácticas recomendadas y no recomendadas, factores de riesgo según edad, raza… Pero lo cierto es que está siendo el propio sector el que en muchos casos están llevando a cabo esta labor, sin la asistencia siquiera de cargos de la administración como participantes.

No se trata solo de datos de animales enfermos por encima de lo esperado, sino que afecta sobre todo a las hembras a término de gestación, que sufren abortos, o a otras con intensas pérdidas de peso, con la consiguiente merma de producción que ello conlleva en las explotaciones. También provoca el nacimiento de terneros muertos o con deformaciones, según explicaba el Colegio Oficial de Veterinarios de Comunidad de Madrid hace poco.

Unión de Uniones ha propuesto una serie de medidas para apoyar al sector, como ayudas para explotaciones afectadas, mejoras en las líneas de seguros de vacuno teniendo en cuenta esta enfermedad, trabajar con los agentes de sanidad animal para garantizar un suministro suficiente de medicamentos e insecticidas, medidas para evitar la pérdida de ayudas a causa de la mortalidad provocada por la enfermedad o facilitar y apoyar el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de carácter voluntario. La organización ha advertido de que la situación es «grave» y requiere de «más apoyo» económico por parte de las administraciones. «El sector se encuentra en una situación crítica: la sequía de este año, los costes de alimentación a niveles estratosféricos y una PAC que no es favorable al sector han dejado a los ganaderos de vacuno en la cuerda floja», han señalado.

Solo tres comunidades.

Por su parte, la semana pasada el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, envió una carta, firmada también por Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura, al ministro de Agricultura, Luis Planas, para exigirle que tome medidas urgentes para ayudar a los ganaderos afectados por la EHE. A pesar de la gravedad de la situación epidemiológica, el ministro sigue «poniéndose de perfil», en opinión de la Junta de Castilla y León, «restando importancia a las consecuencias que la EHE está generando en un sector clave y estratégico para esta comunidad».

Algunos días después, este martes, durante el transcurso del Consejo Agrario de Castilla y León, se ha conseguido el compromiso de Dueñas de poner en marcha un paquete de ayudas para los ganaderos afectados por esta nueva patología. El consejero responde así favorablemente a las peticiones del sector, si bien ha explicado que las disponibilidades presupuestarias de la Consejería son muy exiguas, ya que este año también ha habido que asignar dinero para la crisis de la sequía, por lo que no ha puesto cifras al importe global de la nueva ayuda. Castilla y León se suma así a las dos únicas comunidades autónomas que hasta ahora han anunciado ayudas para este fin, Cantabria y Aragón.

La Alianza UPA-COAG considera que, ante la incertidumbre presupuestaria de la Consejería y la magnitud del problema, corresponde a la Junta en su conjunto corresponsabilizarse e implicarse en la financiación de las ayudas. «El Gobierno regional tiene ante sí la oportunidad de plasmar en hechos concretos su compromiso con el sector agroganadero de Castilla y León, ese compromiso al que tan frecuentemente alude su presidente en sus discursos», subrayan desde la Alianza.

Los efectos sobre una explotación.

Se han ofrecido datos comparativos entre las muertes oficialmente declaradas de la especie bovina en las mismas fechas de los años 2022 y 2023 (entre la semana 35 hasta el 25 de septiembre), diferencia que supone 2.018 animales muertos más en 2023 que en el año pasado. Este dato no acredita que todas las muertes sean debidas a la EHE, pero es muy significativo, porque el censo se mantiene en números similares y la variación de muertes entre un año y otro, en condiciones normales, no suele presentar una diferencia tan acusada como en el presente año. Según informa UPA-COAG, un ganadero pierde entre 900 y 1.500 euros cuando fallece una vaca; otros 400 euros cuando se produce un aborto; otros 10 euros diarios, aproximadamente, por cada res debido al tratamiento sanitario de prevención que hay que aplicar. Y a esto hay que añadir las restricciones de mercado (exportaciones) y, sobre todo, los efectos a largo plazo que pueden experimentarse en las parideras y en los propios animales.