Luis Medina tardó apenas unas horas en sacar de España el dinero procedente de las abusivas comisiones que cobró -casi un millón de euros- por sus negocios durante la pandemia para proporcionar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Ahora, esa celeridad para hacer desaparecer esos fondos podría llevarle a enfrentarse a un nuevo delito dado que el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital de España sopesa imputarlo también por un posible delito de alzamiento de bienes, que le pondría en una situación aún más delicada.
Este juzgado es el encargado de investigar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por tres contratos de emergencia suscritos con el Ayuntamiento de la capital para la compra de mascarillas, test rápidos y guantes por valor de 12 millones de euros, un precio inflado en más del doble. De esta cantidad, más de seis millones habrían ido a pagar comisiones con las que los ahora investigados compraron desde coches de alta gama hasta un yate.
Cuando el juez ordenó el embargo de sus bienes se encontró con que el comisionista solo tenía 247,26 euros en una de sus tres cuentas corrientes. Las otras dos contaban con un saldo negativo -6.333,04 y -19,23 euros.
Según se recoge en la querella, Luceño y Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China». En su comparecencia ante el fiscal, Medina explicó las comisiones que pactó con su socio. «Se dividía en tercios, un tercio para mí, para él y para la empresa de Malasia. Yo me llevo menos de un 10 por ciento de comisión, que está dentro de lo normal», subrayó.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid comunicó hace más de un año a la Fiscalía otra presunta estafa millonaria con la venta de 500.000 mascarillas, según ha confirmado la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
La Policía Municipal indagó sobre el pago de 1,25 millones a una consultora de Nueva York a cambio de 500.000 tapabocas que no se «ajustaban a la normativa».
Sanz indicó que la compra de estas 500.000 mascarillas en marzo de 2020 «no nada tiene que ver» con el caso que investiga la Fiscalía respecto a Luceño y Medina.
Las sospechas siempre rodearon esta turbia operación, como reflejan los mensajes entre Alberto Luceño y la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, que incorpora el sumario. En ellos se refleja claramente el temor de ella después de haber recibido material defectuoso de guantes de nitrilo.
«Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida», le comentó nerviosa Collado a Luceño en un mensaje de Whatsapp fechado el 8 de abril de 2020. Su interlocutor le contestó: «Elena, estoy en China ahora te llamo». Tras ello, la responsable municipal le espetó: «Por Dios, dime algo, nos han estafado seguro». Luceño insistió: «No, cuelgo y te llamo».
Almeida: «Soy la víctima»
Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a defender ayer que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al Ayuntamiento de Madrid y sus responsables de cualquier tipo de participación en la trama que investiga contra los dos comisionistas por presunta estafa. «¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?», se preguntó.
Ante las críticas de la oposición, el regidor no tiene duda de que está en el centro de una campaña orquestada. «La izquierda pretende que dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos», subrayó para arremeter a continuación contra las formaciones de este signo político: «Se lanzan como una jauría», condenó rotundo.