Un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuviera que comparecer en una comisión del Congreso en la que no paró de echar balones fuera a la hora de informar por el denominado caso Cuarteles y la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el Tribunal Supremo desautorizaba al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid en mayo de 2020 por «falta de confianza». El Alto Tribunal estima el recurso del guardia civil tras la polémica decisión, tomada por una «pérdida de confianza» después de la investigación que se abrió contra el entonces delegado del Gobierno José Manuel Franco como consecuencia de la celebración de la manifestación del 8-M y la expansión de la pandemia de coronavirus. De los Cobos se había negado a informar al Gobierno de las pesquisas judiciales que se estaban llevando a cabo en torno a la movilización por el Día de la Mujer.
El varapalo para Marlaska es monumental, ya que el Supremo confirma ahora la primera sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ya había anulado la decisión del ministro del Interior tras considerar que el cese fue una represalia por la determinación de Pérez de la Cobos de cumplir la orden de la magistrada que investigaba el denominado caso del 8-M de no informar a sus superiores. El Alto Tribunal obliga al Ministerio del Interior a reincorporar al coronel en el que era su cargo y abonarle los devengos que le correspondían. Las reacciones no tardaron ayer en llegar y, además del PP, Ciudadanos y Vox, varias de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron la dimisión del ministro por la «persecución injusta, inmerecida y desproporcionada» a la que fue sometido Pérez de los Cobos y por la «falta de confianza» que los miembros de la Benemérita tienen hacia el propio Grande-Marlaska.
La trayectoria del titular de Interior, que descartó ayer su salida del Ejecutivo por la decisión del Supremo, está plagada de polémicas, entre las que destacan la tragedia acaecida en la valla de Melilla, con la muerte de varios inmigrantes presuntamente en suelo español; el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, con un giro de la política penitenciaria tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos; o la adquisición de una cinta de correr de última generación con cargo al propio Ministerio. El cese ilegal de Pérez de los Cobos es el último episodio de un ministro con una situación insostenible y que sigue aferrado al cargo, pese a que ha tenido durante su mandato razones de peso para presentar su dimisión.