El programa Rehabitare se ha consolidado como una de las herramientas más efectivas en la lucha contra la despoblación en la provincia de Palencia en particular y en el conjunto de Castilla y León en general. Una iniciativa que en el caso del territorio palentino se traduce en 75 viviendas ya finalizadas o en proceso en municipios con un padrón inferior a los 5.000 habitantes, entre los que se encuentran Hérmedes de Cerrato, Abia de las Torres, San Cebrián de Mudá, Cascón de la Nava, Paredes de Nava, Villaherreros y Sotobañado y Priorato. Con los siete ayuntamientos de esta tanda firmó la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, los últimos convenios de un plan de choque contra el reto demográfico que cada vez despierta el interés de más municipios, tanto en Palencia como en el resto de provincias de la región. 

Alcanzar las 110 viviendas en el marco del Rehabitare al finalizar la legislatura es el objetivo que se ha marcado la Junta de Castilla y León, promotora de este proyecto que nació en Palencia en el año 2009 como una idea piloto (se rehabilitaron 17 casas en cinco municipios con una inversión total de 985.342 euros) y se extendió en 2016 a todas las provincias de la comunidad una vez demostrado que la fórmula era un éxito. De aquí a tres años, con una inversión global de 7,4 millones de euros, el programa permitirá cumplir el objetivo (este no ha variado desde sus orígenes) de asentar gente joven en el medio rural a la vez que se amplía el parque público de vivienda social en Castilla y León como un instrumento para facilitar el acceso al alquiler a las familias más necesitadas, frenar la despoblación que sufre la mayoría de los pueblos y estimular la actividad económica.

Más concretamente, el programa Rehabitare supondrá en la provincia la rehabilitación de 44 viviendas municipales o eclesiales en el medio rural para su destino al alquiler joven por 4,2 millones de euros, con fondos de la Junta de Castilla y León y de la Diputación en la legislatura 2022-2026. De las 66 que se han ejecutado hasta la fecha, 52 corresponden a la Junta, cuatro al convenio con el Obispado y diez al acuerdo con la Diputación, con una inversión de 3,2 millones de euros.

Con estas actuaciones, se llega ya a una población diana de 24.266 habitantes de los 57. 671 totales que comprende el ámbito de actuación. Dicho de otra forma, representan ya casi la mitad ( (el 42 por ciento) de los palentinos que pueden acceder a estas ayudas.

Las intervenciones llevadas a cabo hasta la fecha en la comunidad son 513, con una inversión de 26,8 millones de euros. Hasta final de legislatura autonómica en 2026 se prevé llevar a cabo 212 nuevas actuaciones con un montante total de 12,7 millones, terminando la legislatura con 660 actuaciones y una inversión de 39,5 millones.

¿QUÉ ES REHABITARE?

Rehabitare persigue incrementar el parque público de alquiler social en territorio castellano y leonés y fijar población en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección relacionados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, particularmente de los jóvenes.

En suma, este programa de rehabilitación de viviendas sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles patrimoniales valiosos, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección.

Además, también se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.

DIPUTACIÓN Y OBISPADO

En el caso concreto de Palencia, el 11 de diciembre de 2020 se firmó el convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación dentro del protocolo de colaboración suscrito en julio de 2020 entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las nueve diputaciones de la comunidad -entre ellos la de la institución provincial, Ángeles Armisén- para adherirse al Rehabitare y ampliar la oferta pública de alquiler social.

Dicho convenio establece una financiación que alcanza los 520.000 euros, aportada al 50 por ciento por cada una de las citadas administraciones hasta el presente ejercicio para la rehabilitación de un total de diez viviendas. Actualmente, ya se han puesto en marcha las actuaciones en las localidades de Tabanera de Cerrato, Collazos de Boedo, Meneses de Campos (en ejecución), Mudá, Cevico Navero, Revilla de Collazos, Espinosa de Villagonzalo, Soto de Cerrato, Castrillo de Villavega y Palenzuela (en licitación).

En paralelo, y ante la excelente acogida y beneficiosos efectos que estaba teniendo el Rehabitare, varios obispados de la comunidad se adhirieron al programa firmando protocolos de colaboración. Una de estas diócesis fue la de Palencia, que el 11 de mayo de 2018 firmó un protocolo con la Junta para la rehabilitación de casas rectorales para dedicarlas al alquiler social. Hasta el momento se han rehabilitado viviendas en Villamoronta, Pomar de Valdivia, Grijota, Quintanadiez de la Vega (Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega) y se encuentra en fase de licitación una quinta en Venta de Baños. 

TODOS MENOS CINCO

Es requisito imprescindible para unirse a Rehabitare que el municipio tenga menos de 5.000 habitantes. En la provincia son todos menos la capital (76.302 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística), Aguilar de Campoo (6.646 vecinos censados), Guardo (5.695 empadronados), Venta de Baños (6.324) y Villamuriel de Cerrato (6.485).

El inmueble elegido ha de ser de titularidad municipal y el Ayuntamiento debe ostentar sobre él el pleno dominio, debe estar libre de cargas y gravámenes de cualquier clase y encontrarse debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. Asimismo, el Consistorio deberá justificar la existencia de demandantes de vivienda en el término municipal: en municipios con una población de hasta 200 habitantes, uno; de 201 a 500 vecinos, dos; en ayuntamientos desde 501 a 1.000 empadronados, tres; y de 1.000 a 5.000, cuatro.

El coste de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros más IVA y tendrán preferencia las actuaciones que mejor satisfagan su finalidad primordial, así como aquellas que se desarrollen sobre inmuebles que ostenten un mayor valor arquitectónico.

Los ayuntamientos deben, como requisito imprescindible, suscribir con la Junta un documento administrativo en el que se exprese la intención de asumir todos los compromisos fijados en este apartado. Asimismo, deben destinar la vivienda, en el plazo de tres meses desde que el Ejecutivo autonómico formalice la devolución del inmueble al ayuntamiento tras la finalización de las obras de rehabilitación, al alquiler social de personas que establezcan en ellas su domicilio habitual y permanente.