Mientras la formación de gobierno en Cataluña entra en una fase decisiva que puede desembocar en repetición electoral, desde el PSOE conservan la esperanza de investir a Salvador Illa aun a costa de seguir abonando el agravio territorial. En un ejercicio de dejación de funciones hacia el resto del país, Sánchez centra sus esfuerzos en contentar a aquellos que sirven a sus intereses y le sirven de asidero político. Tras la reciente aprobación de la ley de amnistía, este jueves la ministra de Hacienda abría la puerta a una financiación singular para Cataluña. En declaraciones a RNE, María Jesús Montero anunciaba a mayores que se negocia la condonación de 15.000 millones de deuda de esta comunidad con el Fondo de Liquidez Autonómico, tal como se pactó con ERC a cambio del apoyo a la investidura de un Pedro Sánchez que desvía a la atención y disfraza sus carencias erigiéndose como el exclusivo y abnegado dique de contención frente a la ultraderecha.

 Montero quiso amortiguar el golpe afirmando que la financiación a la carta para Cataluña tendrá lugar en el marco de la reforma de un sistema «válido para todas las comunidades». Caduco desde 2014, la reforma del sistema de financiación autonómica es una cuestión postergada sine die por la dificultad para conjugar los intereses de territorios con diferentes aspiraciones y peculiaridades y, sobre todo, por la falta de voluntad política. Lo habitual de un tiempo a esta parte. La reforma empezará por Cataluña donde ERC, llave de la gobernabilidad, condiciona su apoyo a Illa al cumplimiento de sus exigencias en materia fiscal. La enésima demanda del secesionismo apunta a ser la enésima cesión de Sánchez. Las demandas del independentismo son conocidas desde hace tiempo: gestión del 100% de los tributos que se recaudan en territorio catalán y la creación de una suerte de Agencia Tributaria propia. Un cupo catalán a imitación del modelo vasco. En definitiva, profundizar en las diferencias entre las dos Españas, la que sostiene a Sánchez y ve satisfechas sus demandas y la que asiste como quejosa espectadora al despliegue de ofensas de un Ejecutivo que no gobierna para todos. Se cumple el guión previsto, lo que no minimiza la gravedad del anuncio de Montero. Así se lo han hecho saber desde diferentes territorios y partidos, también cercanos al Gobierno. Es el caso de Compromís que afirmaba que un trato desigual podría ser «un motivo para dejar de dar apoyo al Gobierno».

Dos factores entran en juego, la voracidad del independentismo y la debilidad del Ejecutivo sanchista que en su huida hacia adelante dibuja una política de tierra quemada para sus propias siglas. Su cortoplacismo pone contra las cuerdas a los suyos y explica el porqué de un mapa político nacional cada vez más teñido de azul. Todavía hay quien se pregunta a qué responde la progresiva caída del PSOE. Busquen la causa, entre otras, en la prioridad que se otorga una y otra vez a los intereses de Cataluña.