Poco antes de las cuatro de la tarde del 21 de agosto de 2006 tenía lugar en la provincia el peor accidente ferroviario de los últimos años. A las 15,52 horas, según las fuentes oficiales, el tren diurno que cubría la línea Galicia-País Vasco se salía de la vía a la altura de Villada, impactando parcialmente contra un puente, pocos metros antes de llegar a la estación villadina. El accidente dejaba un balance inicial de seis muertos.

Tal y como publicaba Diario Palentino, cinco personas fallecían en el mismo momento del suceso y uno más en su posterior traslado al Hospital Río Hortega de Valladolid: los misioneros burgaleses José Santiago Manzano y Julián Campo, este último primo del entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera;  Estanislao Rodríguez y María Luisa López, matrimonio natural de Monforte de Lemos (Lugo) pero residente en Pasajes (Guipúzcoa); el francés Antoni Fernández, y la joven orensana de 22 años de edad Mercedes Fernández. A ellos se sumó, tras semanas de hospitalización, Diego Fernández, novio de Mercedes, que no pudo recuperarse de las heridas sufridas y murió en el Clínico de Valladolid.

Además, de los 426 pasajeros del convoy, al menos 36 resultaban heridos de diversa consideración. De estos, según los datos del servicio de emergencias 112, un varón y una mujer de 70 años se encontraban en estado muy grave, ocho graves y 26 leves. La mayor parte viajaba en el primer vagón del tren -el más afectado por el choque- y en el tercero, cuyo suelo literalmente se levantó en el momento del descarrilamiento, atrapando e hiriendo a cuantos se hallaban dentro. 

De aquel accidente que jamás olvidarán los vecinos de Villada se cumplirán este sábado 15 años. Muchos aún recuerdan con total claridad la incertidumbre y los interminables momentos de tensión vividos durante las horas posteriores al accidente. En la fábrica de Fancundo se improvisó un pabellón de emergencia, donde se estableció el hospital de campaña y se prestaron las primeras atenciones a heridos y pasajeros. Hasta Villada se desplazaron para agilizar las labores cuatro helicópteros procedentes de Burgos, Salamanca, Astorga y Valladolid, que se encargaron de efectuar las primeras evacuaciones, las que precisaban de una mayor rapidez.

De manera complementaria, realizaron el transporte ambulancias medicalizadas, soportes vitales básicos y ambulancias convencionales. Participaron equipos médicos de Villada y Villalón, Protección Civil, psicólogos de la Junta y Cruz Roja, bomberos de Palencia, la Diputación provincial y efectivos de la Guardia Civil. 

«Un goteo incesante de familiares reclamaba información, mientras el Gobierno trabajaba en la articulación de varias líneas de teléfono», relataba DP. Paralelamente, Renfe puso a disposición de los pasajeros ilesos o que pudieron abandonar el lugar de los hechos por su propio pie sin heridas de consideración un total de 30 autobuses en los que fueron evacuados hasta la estación de Palencia.  

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron diversas autoridades, tanto provinciales como regionales y nacionales. Entre ellos, la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el delegado y el subdelegado del Gobierno (Miguel Alejo y Gabriel Castañeda, respectivamente) y el titular de Agricultura, José Valín, que se encontraba en la zona. 

EXCESO DE VELOCIDAD. Respecto a las causas del siniestro, el informe elaborado por expertos de la Dirección General de Ferrocarriles, Renfe y Adif  a partir del análisis de los registros de la locomotora, del centro de control de León y de la propia estación, concluyó que el exceso de velocidad producto de un fallo humano provocó el accidente. Al parecer, el tren circulaba a 125 kilómetros por hora cuando la velocidad prescrita era de 30. 

Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia condenó a dos años de prisión al maquinista por siete delitos de homicidio y 86 de lesiones por imprudencia grave profesional, y consideró como atenuante la reparación del daño mediante el pago de las indemnizaciones a los perjudicados y el hecho de que el encausado auxiliara a los afectados. 

La resolución estableció además su inhabilitación especial para la profesión u oficio de maquinista de locomotora durante el tiempo de condena y le impuso pena de inhabilitación especial de privación para el ejercicio del mismo oficio durante cuatro años. J. L. P. G. sostuvo siempre que vio vía libre, pero también dijo que si había cometido algún fallo pedía perdón a todos.