En una inclasificable comisión de Impulso Económico, el equipo de Gobierno de Miriam Andrés dejó ayer sobre la mesa el debate y aprobación del nuevo reglamento de la plaza municipal de abastos entre críticas de la mayor parte de la oposición por ignorar las propuestas de comerciantes y grupos políticos, el reconocimiento por parte la edil del área, Judith Castro, de un error en la convocatoria de la sesión e, incluso, la amenaza de varios ediles de levantarse de la mesa y marcharse.  

Antes de comenzar la comisión, Judith Castro advirtió al resto de grupos políticos que existía un error en la convocatoria, ya que en el orden del día figuraba como «propuesta de aprobación» en vez de «propuestas» al nuevo reglamento de la plaza de abastos. Es decir, en la comisión no se iba a dictaminar el documento sino que se iba a debatir a partir del borrador propuesto por el equipo de Gobierno y las propuestas del resto de partidos.

La comisión fue convocada el pasado viernes, pero como la Concejalía de Impulso Económico no advirtió del error hasta el inicio de la sesión, la oposición acudió pensando que el documento ya estaba cerrado. Momentos después, el grupo municipal del Partido Popular lanzaba su crítica al equipo de Gobierno por «gestionar [el reglamento] por su cuenta, sin reunirse con nadie, sin posibilidad de debate y sin compartir ningún tipo de información en anteriores comisiones», aseveraba su portavoz, Víctor Torres.

Los populares incidían también en «la falta de participación y consenso entre los grupos políticos y sectores», responsabilizando a la Concejalía de Impulso Económico  de que el documento haya quedado encima de la mesa, y cargando contra la «improvisación en la planificación del trabajo y la falta de rigor en la redacción de la modificación del reglamento», donde, aseguró, había «párrafos repetidos, contradicciones en la redacción y faltas de ortografía». 

La indignación del Partido Popular, que confiaba en hacer valer las propuestas de los empresarios de la plaza de abastos, en el nuevo reglamento, fue compartida por ¡Vamos Palencia! y Vox, que también incidieron en que no había transcurrido el plazo exigido entre la convocatoria de la comisión y su celebración -dos días hábiles-, llegando a amenazar con levantarse de la mesa.

Por su parte, el concejal de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, mostraba su descontento con el resto de grupos por haber impedido el normal desarrollo de la comisión pese al error en la convocatoria. «He hablado con los representantes de la plaza de abastos para llegar a la comisión con una batería de propuestas para que luego ni siquiera me permitiesen exponerlas y realizar mi trabajo», aseveró San Martín, que criticó que «el resto de grupos no se haya preocupado de llegar a la comisión con los deberes hechos».

Finalmente, se acordó convocar una nueva comisión el próximo martes con el fin de que los grupos municipales presenten sus aportaciones para modificar un reglamento, señaló después la propia Judith Castro, «que lleva años obsoleto», que recordó al Partido Popular que «han sido incapaces de hacerlo en los 12 años que han gobernado».

edusi. Por otra parte, Judith Castro, como responsable de la comisión de la Edusi, aseveró ayer que habrá que esperar hasta junio o julio para conocer qué proyectos rechaza cofinanciar el Gobierno. Hoy acaba el plazo para presentar las solicitudes de pago y ayer hubo comisión, en la que se informó de que se han rehecho «varios expedientes» para poder percibir el máximo importe posible. A las solicitudes de pago realizadas durante el anterior mandato (4.395.000 euros) se ha sumado una cuarta por (6.900.000 euros) y hoy se enviará otra agotando el plazo disponible. Castro informó, no obstante, de que hasta que no haya resolución del Ministerio no se volverá dará cuenta de cantidades han sido finalmente aceptadas.

Esta posición fue criticada también por San Martín, que exigió «que de una vez por todas se dé toda la información tanto a los grupos políticos como a la sociedad palentina acerca del estado de la justificación de los fondos europeos». Cabe recordar que el equipo de Gobierno cifó en dos millones de euros, aproximadamente, la cantidad que el Ayuntamiento puede dejar de ingresar de la Estrategia por parte de la UE a causa de haber financiado con fondos europeos proyectos mal justificados.