La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado que las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren y que el acuerdo con Junts "reforzará la vigilancia" para evitar "ingenierías fiscales" y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa.

En declaraciones a los medios antes del Forum Europa de la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Montero ha subrayado que el Gobierno de España "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente instalarse".

"Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo (con Junts) es con la legalidad vigente (...) que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo", ha añadido preguntada por el acuerdo alcanzado ayer con Junts para sacar adelante los decretos.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este jueves que es "imposible" sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña, como ha planteado Junts.

Tras pactar el PSOE con el partido independentista, facilitar el regreso a Cataluña de empresas que salieron por el 'procés', la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el acuerdo no incluye "nada que ver con ningún tipo de sanción, porque entre otras cosas es imposible".

En España hay libertad de mercado y "cada empresa puede decidir dónde se instala, faltaría más", ha expresado la ministra socialista en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. No obstante, Alegría ha defendido que los gobiernos, dentro de sus competencias, "puedan legislar o hacer planteamientos para evitar a veces cierta ingeniería desde el punto de vista fiscal", pero "desde el respeto a la libertad de mercado que cada empresa tiene para poderse instalar" en el lugar que quiera.

"Me parece lógico que una empresa donde tiene domiciliado, donde tiene radicado su domicilio social, parece consecuente y responsable que sea allí también donde esté instalada, donde pague sus impuestos y donde desarrolle toda su actividad", para garantizar seguridad jurídica, ha indicado.