El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó hoy en el Senado que el Gobierno está solo en su posición de estricta protección del lobo y recordó que "el Comité Permanente del Convenio de Berna decidió el pasado 3 de diciembre que hay que flexibilizar el régimen jurídico del lobo y que hay que dar a los Estados, y en el caso de España, a las comunidades autónomas, la gestión de la especie".
Suárez-Quiñones hizo hincapié en que esta decisión de la Unión Europea viene respaldada por "50 países" y solo con la "opinión contraria del Gobierno de España y también del Gobierno de Irlanda, que no tiene lobos". "Una Unión Europea, por lo tanto, que va a tener que aplicar la decisión tomada por el Comité Permanente del Convenio de Berna, o sea va a tener que modificar la Directiva Europea para incluir el lobo dentro de las especies gestionables y eliminarlo de la estricta protección. Y, por tanto, una Unión Europea que va en sentido contrario a cómo va el Gobierno de España", subrayó.
Juan Carlos Suárez-Quiñones denunció así "el ataque por parte del Gobierno de España a nuestra ganadería, a nuestros pueblos y a nuestro medio rural". "Somos la voz de los ganaderos, del territorio, de nuestros pueblos y de la lucha contra la despoblación", apuntó en los momentos previos a la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se debate la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular del Senado por la que se insta al Gobierno a la exclusión de las poblaciones del lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), así como a la revisión de la estrategia española de conservación de esta especie.
"La situación actual es insostenible", sentenció Suárez-Quiñones, quien recordó que solo entre Castilla y León, La Rioja, Galicia y Cantabria "tenemos al año la muerte 12.000 cabezas de ganado por el lobo". Concretamente, apuntó que los daños provocados por este animal se incrementaron en un 31 por ciento desde el año 2021, que fue cuando el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, según informa Ical.
"Una decisión que endureció el régimen jurídico del lobo y sustrajo a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la especie", enfatizó el consejero, quien recordó que desde las autonomías siempre se han realizado "planes de conservación, porque siempre nos hemos preocupado por la conservación de la especie lobo en un equilibrio razonable con los daños que ocasionaba la ganadería". El consejero remarcó que esta decisión del Ejecutivo "se tomó por razones ideológicas, sin ningún dato, en contra de todas las comunidades autónomas, en contra de todo el sector y en contra del territorio", informa Ical.
"¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuántos más daños a la ganadería tiene que haber? ¿Cuántos más daños al sector ganadero, sector primario capital, tiene que haber? ¿Cuánto más daño a la población del medio rural y a la lucha contra el reto demográfico debe producirse para que el Gobierno reaccione?", se cuestionó.
Además, Quiñones resaltó que el Ejecutivo "ya tiene los datos, porque las comunidades autónomas ya hemos elaborado el nuevo Censo Decenal de la Especie, que indica que en España se ha pasado de 297 manadas a 333 manadas, es decir un crecimiento de un 12 por ciento".
"¿Qué tiene que ocurrir para que el Gobierno de España tome una decisión? Si tiene a las comunidades autónomas en contra de esa decisión, si tiene a todos los sectores en contra de esta decisión, a las organizaciones profesionales agrarias, a los colegios profesionales y Europa camina en contra de esa decisión", concluyó el dirigente de la Junta.