El Ministerio Público pide para una mujer una pena global de cinco años de prisión como presunta autora de un delito continuada de estafa y otro contra la propiedad intelectual. La vista oral tiene lugar el lunes en la Audiencia Provincial. 

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, la acusada, en el momento de los hechos, era administradora solidaria en una empresa de Palencia dedicada a la venta de muebles de cocina y electrodomésticos, la cual, según el fiscal, habría llegado a un acuerdo con la filial nacional de una mercantil francesa.

Dicho acuerdo, siempre según la acusación del Ministerio Público, permitiría a la empresa distribuir productos de la mercantil gala y beneficiarse de «la marca, logotipos, referencias de la red y servicios de aprovisionamiento» de esta. 

La acusada, supuestamente, habría solicitado tiempo después la resolución del contrato por «causas económicas» y se habría «comprometido» a retirar cualquier publicidad de la mercantil que figurase en el establecimiento de venta de Palencia. Presuntamente, la procesada habría comunicado a la firma francesa que ya había retirado los rótulos relacionados con ella, si bien, de acuerdo con el fiscal, esto es algo que «no había hecho». 

A pesar de la resolución del contrato, la presunta autora habría continuado, supuestamente, utilizando los signos distintivos de la mercantil, todo lo cual «podía engañar a los clientes sobre la calidad de los muebles a adquirir», según recoge la acusación. 

Al parecer, «con el fin de lucrarse», la acusada habría comenzado a comercializar muebles de calidad «inferior» a la de la filial nacional «como si fueran de ella». Según el fiscal, en dichos productos, se montaban chapas y herrajes de la marca francesa. 

El fiscal recoge en su escrito que dos presuntos perjudicados compraron en 2017 dos supuestos productos de la marca francesa en el negocio de Palencia. Después de que estos presentaran problemas y fueran examinados por la mercantil gala, se verificó, según desgrana el Ministerio Público, que no pertenecían a ella, a pesar de tener sus distintivos. En ambos casos, los supuestos perjudicados acudieron a la tienda palentina, pero esta ya había cerrado. 

En las dos situaciones, la filial nacional de la empresa francesa corrió a cargo de la sustitución, montaje y transporte de los productos. En el primer caso, los perjuicios se elevarían a los 6.690,31 euros, mientras que en el segundo alcanzarían los 5.445,09. 

Por estos hechos, el fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión y diez meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito continuado de estafa, así como otro año por otro contra la propiedad industrial. En el apartado de responsabilidad civil, piden a la acusada indemnizar a la filial, nacional de la mercantil francesa con 12.135,4 euros.