Las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy la distribución de la recaudación del gravamen a las entidades financieras, unos 1.720 millones de euros, en función del Producto Interior Bruto (PIB) de cada territorio, algo que se interpretó como un "privilegio", y no mediante el criterio de población ajustada del modelo de financiación autonómica. La proposición no de ley del Grupo Popular fue respaldada por Vox, UPL-Soria YA y Por Ávila, mientras los socialistas y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se abstuvieron.
En la presentación de la iniciativa, la 'popular' Mercedes Cófreces planteó que la Junta se dirija al Gobierno para que de manera "imprescindible" el reparto de la recaudación de cualquier nuevo tributo se realice en base a los criterios vigentes en el sistema de financiación autonómica, que la negociación se realice de forma multilateral con todas ellas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se rechace lo previsto en la última reforma fiscal en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre.
En ese sentido, la procuradora del PP denunció el "perjuicio" que se causa a la Comunidad y la "amenaza" a todos los españoles que supone la distribución en función del Producto Interior Bruto (PIB), porque supone un 18 por ciento menos que si se hace por población ajustada. En su opinión, este "curioso" criterio beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las que menos tienen.
"Necesitamos defender y alzar la voz para que los ciudadanos de Castilla y León sean iguales que los catalanes o los de otras comunidades", dijo, porque criticó que se aplique una reforma fiscal sin acuerdo de las comunidades e invitó al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a que defienda el principio de igualdad entre españoles en la próxima Conferencia de Presidentes.
Por el contrario, la socialista Rosa Rubio aseguró que la Junta distribuye la contribución fiscal por PIB, de forma que los más ricos tienen más beneficios fiscales, y defendió que el sistema de financiación exija corresponsabilidad fiscal y no permita las bajadas de impuestos a los que más tienen. A su juicio, los 'populares' no tienen un modelo propio sino que se rendirán al de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que defendió la política del Gobierno que ha logrado reducir el déficit y la deuda y al mismo tiempo fortalecer los servicios públicos.
El procurador de Vox Miguel Suárez Arca calificó a los 'populares' de "panda de demagogos" porque mientras critican la política impositiva de la izquierda mantienen su "taifa autonómica" a costa del "infierno fiscal" del socialismo. "No tienen modelo alternativo sólo le preocupa como distribuirse el botín", dijo, para criticar el modelo autonómico que ha dado "alas" a los que pretenden acabar con España.
"Cómo hemos cambiado y en qué poco tiempo", dijo Mercedes Cófreces a Vox por su "crítica feroz" y les preguntó cuándo decían la verdad, cuando estaban en la Junta o ahora. Por ello, les pidió que no blanqueen la política del PSOE y pidió una defensa unánime de los castellanos y leoneses, que no son ciudadanos "de segunda", al tiempo que criticó el "populismo" y "engaño" de los socialistas.
En el día de "Santa Bárbara", la procuradora de Soria YA Vanessa García Macarrón pidió no acordarse de ella sólo cuando truena, por lo que rechazó los "privilegios" concedidos a algunas comunidades, lo que aclaró no tiene nada que ver con la financiación diferenciada que piden para su provincia. Además, defendió una igualdad de trato fiscal y pidió que no se convierta en un "motor de desigualdad", sino para la cohesión.
Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, apoyó el texto y consideró "fundamental" definir de forma adecuada los tributos y que se haga de forma "equitativa" y "justa". Además, pidió actuar con "determinación" para que los cambios se haga por la vía "multilateral".