Susto o muerte. El equipo de Gobierno de Miriam Andrés presentó ayer su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año. El susto viene dado por la decisión del PSOE de sumar al catastrazo, es decir, a la revisión de los valores catastrales de todas las vivienda de la ciudad -lo que conllevará un importante aumento del recibo del IBI o contribución- un incremento generalizado de todos los impuestos, tasas y precios públicos que si no es el más importante de lo que va de siglo será solo porque el Índice de Precios al Consumo que se aplicará a muchos de los epígrafes bajó ayer al 1,1 por ciento.

Tanto los ciudadanos como las empresas verán incrementada su presión fiscal el próximo año si sale adelante la propuesta que ayer presentó el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, y que comenzará a negociarse a partir de este viernes con el objetivo de someterla a votación ante el pleno antes de que termine el mes. 

La alcaldesa, Miriam Andrés, justificó esta propuesta en la necesidad de «mejorar las deficiencias que tienen los servicios públicos»  y en «la modernización en su prestación». Al respecto, recordó que en estos momentos se están tramitando contratos como el servicio de grúa, la limpieza y el mantenimiento de instalaciones municipales o el servicio de transporte urbano. «Son servicios deficitarios para los palentinos y si no acompañamos la mejora en eficacia y eficiencia de su prestación con una actualización de sus tasas serían inasumibles», dejó claro Miriam Andrés. 

«Tenemos que ser conscientes de que si queremos unas instalaciones municipales dignas y unos servicios públicos que respondan a las nuevas demandas ciudadanas tenemos que aplicar esa actualización de las tasas. Congelarlas no serviría», alegó la regidora. 

Los cambios. Nadie se librará de la subida de impuestos, tasas y precios públicos si sale adelante la propuesta del equipo de Gobierno del PSOE tal y como se presentó ayer.  La gran mayoría de las ordenanzas fiscales contemplarán un incremento igual al IPC. Si el documento se dictamina este mes como quiere Carlos Hernández, esa subida será del 1,1% después de que los precios cayeran siete décimas en septiembre, según se supo ayer. No obstante, para los tributos, precios y prestaciones patrimoniales que más afectan al bolsillo del contribuyente la subida está muy por encima de ese 1,1 por ciento. 

De esta forma, el común de los palentinos verá cómo pagarán más por el rodaje o Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que no solo encarecerá todas su tarifas sino que, además, reducirá al 60% sus bonificaciones actuales.  

Y, sobre todo, notarán el efecto del catastrazo, es decir, de la actualización del valor catastral de su vivienda. Tal y como avanzó este periódico, el equipo de Gobierno ha decidido mantener congelado el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles en el 0,5847% para los inmuebles de naturaleza urbana, del 0,886% para rústica, y del 1,120% para los de características especiales, pero el recibo se incrementará en la gran mayoría de los recibos fruto de la ponencia colectiva llevada a cabo por el Catastro a petición del Ayuntamiento. 

Conviene recordar, y así lo confirmó el edil de Hacienda, que las ordenanzas fiscales de 2025 aplicarán la actualización del valor catastral en el IBI en un plazo de diez años. El primer año deparará a las arcas municipales «unos 450.000 o 500.000 euros más», según confirmó Carlos Hernández, que no ha aplicado ninguna medida para reducir el impacto de este incremento impositivo. 

También subirán por encima del IPC los recibos del agua -abastecimiento, alcantarilla y depuración- y la basura. Donde más se notará será en el segundo, donde el equipo de Gobierno cambia la forma de tributar por este servicio porque «la ley obliga al Ayuntamiento a repercutir en el ciudadano el coste íntegro de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

Dicho de otra forma, los 5.859.845,41 euros que la Concejalía de Hacienda ha calculado que cuesta deben obtenerse de la ordenanza. Para ello, el equipo de Gobierno ha fijado una cuota fija ligeramente superior a la de este año (de 36,03 a 36,10 euros) y por otra variable que se calculará en función del consumo de agua, de forma que por cada metro cúbico consumido en un domicilio se abonarán 0,28 euros. 

Finalmente, el equipo de Gobierno también propone subir a 1 euro el coste del billete de autobús urbano, a 0,70 euros el bonobús ordinario y a 0,40 euros el de Tercera Edad, personas con discapacidad, jóvenes, familias numerosas y desempleados, justo el doble, por lo que la subida es del 100%.

4,50 euros más al mes. Para la alcaldesa, pese al impacto en los bolsillos de los ciudadanos de su propuesta, «Palencia seguirá teniendo una de las presiones fiscales más bajas de Castilla y León y de nuestro entorno». «Es una propuesta razonable y pensada desde el bolsillo de los ciudadanos; es rotundamente falso e interesado el discurso de que vamos a subir la presión fiscal desorbitadamente», añadió Miriam Andrés, que al respecto remarcó que se mantienen las bonificaciones del 20% en las tasas de agua, alcantarillado y depuración para familias cuyos ingresos no superen los 15.120 euros anuales. 

Según los cálculos del equipo de Gobierno, su propuesta supone que un ciudadano pagará 53,88 euros más en impuestos en 2025 respecto a este año, «unos 4,50 euros al mes». «Somos muy baratos y lo vamos a seguir siendo. No se va a ahogar a nadie con esta actualización», añadió.

Empresas. Tampoco las empresas se escaparán de la subida de la presión fiscal. El Impuesto sobre actividades económicas (IAE), el que grava a las empresas que tienen un importe neto de cifra de negocios superior a 1.000.000 euros, ve modificados su coeficientes de situación; también la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público, sobre todo la relacionada con la hostelería, para la que se plantean tasas más caras para veladores y sillas (terrazas) y nuevos recargos de hasta el 25%. Los puestos del mercado también pagarán más. 

La única excepción que ha hecho el equipo de Gobierno es al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y a las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas, «por lo que el sector de la construcción no se verá afectado por incrementos superiores al IPC», especificó el edil de Hacienda.  

Además, el equipo de Gobierno ha aprovechado para introducir cambios de calado en la estructura y redacción de las ordenanzas fiscales, «que se han simplificado para facilitar su gestión». Y hay dos ordenanzas nuevas: la ya anunciada que regulará el servicio de recarga de vehículos eléctricos (0,35 euros el kilovatio hora) y otra vinculada a la «realización de actividades administrativas de competencia local en materia de prevención ambiental», que hasta ahora no existía. 

La aprobación de la propuesta condicionará la confección del presupuesto 

La parte de la muerte viene porque de la aprobación o no de esta propuesta de ordenanzas fiscales dependerá -y mucho- la elaboración de los presupuestos del próximo año. Conviene recordar que es a través de las ordenanzas fiscales cómo el Ayuntamiento obtiene una parte importante de los ingresos que permitirá mejoras en la prestación de los servicios públicos. 

Miriam Andrés fue clara al respecto. «Del apoyo del resto de partidos a esta propuesta dependerá la elaboración de los presupuestos del próximo año», dejó claro, para recordar que en marzo del próximo año hay que realizar el primer pago de la sentencia de la calle Jardines (2,5 millones de euros). «Tenemos que modernizar los servicios públicos y si no podemos [costearlo] a través de los impuestos y las tasas (...) tendremos que valorar muy bien qué hacemos con los presupuestos para ajustar los ingresos a los gastos. No vamos a engañar a la ciudadanía y habrá que ver partida por partida y servicio por servicio qué se puede rebajar», comentó la primera edil.