Aunque será el magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el que tase penalmente los actos del ya exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra el diputado por agresión sexual es suficientemente espinosa como para haber forzado su dimisión y abandono de la vida política. Son hechos muy graves, por ahora presuntos, que pueden suponer para Errejón una pena de cárcel de un máximo de cuatro años que podría agravarse hasta los ocho si el juez considerara que el exlíder de Más Madrid utilizó su posición de poder para violentar a Mouliaá, tal y como dicta la ley desde la entrada en vigor de la Ley del Solo sí es sí que él y su partido defendieron con ahínco.
Más allá de cómo se resuelva judicialmente el asunto, estas acusaciones suponen una auténtica prueba de estrés para los cimientos de la izquierda feminista. La disonancia entre el alegato abanderado siempre por el exdiputado, gran defensor de causas feministas y de salud mental, y las acusaciones de acoso y maltrato psicológico por parte de varias mujeres denotan un enorme abismo entre su discurso público y su comportamiento en privado.
Sería iluso pensar que en la izquierda no existen conductas tan graves contra las mujeres como de las que se acusa al exfundador de Podemos, pero que sea Errejón quien las ha podido cometer acarreará una crisis de credibilidad entre los seguidores y aliados progresistas que ni el altisonante comunicado firmado por el exportavoz de Sumar, plagado de excusas y carente de perdón, puede acallar.
También ahondan en esa crisis las dudas existentes sobre si Sumar y Más Madrid conocían este censurable comportamiento de Íñigo Errejón desde hacía tiempo y no solo callaron sino que en algún caso hubo quien intentó tapar la voz de las víctimas. Del mismo modo, las declaraciones de algún responsable político de estas formaciones reconociendo que el comportamiento «desordenado» del político en su vida privada era vox populi, ponen en evidencia que hay partidos de izquierda que exigen posturas feministas a la ciudadanía que no aplican a alguno de sus dirigentes.
Así de graves son las consecuencias del comportamiento de Íñigo Errejón, al que al menos hay que reconocerle el acierto de no haber querido conservar su acta de diputado para lograr cierta protección judicial. Tanto que mal harán las formaciones de la izquierda autodeclarada feminista en dedicar sus esfuerzos a otra cosa que no sea establecer medidas preventivas y formativas para que no haya más Errejones.