El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ofreció hoy la "máxima colaboración" de la Junta con las autoridades pertinentes en el marco de la investigación de la denominada operación 'Pacquiao', sobre el fraude de cobro de subvenciones de la UE en materia sanitaria y de bienestar animal.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el consejero portavoz trasladó su "confianza" en las instituciones que "tienen encomendado estas tareas", si bien defendió la presunción de inocencia de los ganaderos, titulares de los pastos y funcionarios de la Administración.

En concreto, Guardia Civil investiga a 22 personas físicas y ocho jurídicas por fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea, presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. De las 30 personas, 29 son de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y uno más de Cantabria.

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa. Estas irregularidades detectadas habrían podido causar un beneficio económico para ellos de en torno a un millón de euros, y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).