El Ayuntamiento de Saldaña se ha dirigido por carta a los usuarios del camping de la localidad para informarles que con fecha 14 de abril ha recibido un escrito de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero en el que se requiere a esa administración local para que en el plazo de dos meses proceda a retirar todas las instalaciones y reubicar el camping fuera del cauce del río Carrión y de su zona inundable, con la advertencia de la apertura de un expediente sancionador si no se cumplen sus exigencias, según la misiva a la que ha tenido acceso Diario Palentino.
El Ayuntamiento les indica que si bien se han formulado alegaciones, solicitando el archivo de las actuaciones iniciadas, con fecha 18 de mayo ha recibido una nueva comunicación por parte del organismo de cuenca en la que se reitera en la posición manifestada e incidiendo en la responsabilidad del Ayuntamiento, como titular de la instalación, ante el riesgo de episodios de avenidas extraordinarias del río Carrión, «con grave peligro para la seguridad de las personas y los bienes depositados en las mismas».
Hay que recordar que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma para evitar la propagación del Covid-19, el Ayuntamiento saldañés procedió a suspender el contrato de concesión de la explotación del servicio del camping municipal de la villa de Saldaña. Por este motivo, se acordó por el pleno del Ayuntamiento mantener el cierre de las instalaciones en tanto en cuanto se realizan las gestiones necesarias con la Confederación Hidrográfica del Duero a fin de intentar buscar una solución que permita conseguir las condiciones de seguridad necesarias para su mantenimiento en el lugar en que se encuentra.
El alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios, en declaraciones a Diario Palentino, ha mostrado su malestar con la decisión de la CHD y sostiene que «lo que debe hacer el organismo de cuenca es limpiar y adecentar primero los márgenes del río porque están lamentables».
Palacios indicó que actualmente hay 45 caravanas en las instalaciones del camping y algunos son usuarios de las mismas «desde hace 30 años por lo menos». No obstante, indicó que toda la Corporación Municipal, por unanimidad, ha mostrado su disposición a buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas.
La CHD mantiene que el río Carrión está regulado por dos embalses del Estado situados aguas arriba, Compuerto y Camporredondo, a la que se sumaría una regulación parcial del embalse de Besande, titularidad de Iberdrola.
El hecho de que el camping se encuentre aguas abajo de los mismos «le confiere cierta garantía de seguridad en régimen ordinario de caudales, pero se convierte en un grave problema en situaciones extraordinarias, cuando se producen grandes avenidas», ya que en estas circunstancias, el impedimento que produce el camping de Saldaña para desaguar los caudales establecidos en las normas de explotación de la presa, produce un doble efecto; por una parte, se consume con mayor rapidez el resguardo de seguridad del embalse y, por otra, una vez consumido dicho resguardo, los caudales vertidos serían superiores a los estrictamente necesarios, pudiendo provocar daños superiores aguas abajo del embalse.
En resumen, el establecimiento del camping dentro del cauce del río Carrión es a juicio de la CHD «una actividad no compatible con la finalidad del mismo, no siendo un uso ni actividad autorizable dentro del dominio público hidráulico».
Por su parte, el Ayuntamiento saldañés presentó alegaciones al escrito remitido por la CHD, indicándole que según los datos obrantes en archivos municipales, la construcción del camping y su puesta en funcionamiento datan del año 1985, contando con la financiación obtenida de la Consejería de Transportes, Turismo y Comercio.
Sin embargo, la CHD sigue sosteniendo que las instalaciones del camping saldañés, en su ubicación actual, «no solo no están permitidas por la legislación, al encontrarse dentro de un cauce público, sino que suponen un grave problema en situaciones de avenidas extraordinarias, comprometiendo la gestión y toma de decisiones, y por consiguiente aumentando la vulnerabilidad y el riesgo existente para la seguridad de los ciudadanos y bienes».