Hasta final de junio. Es la nueva fecha marcada en el calendario de Pedro Sánchez para que el Partido Popular acepté una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su ultimátum encima de la mesa para desbloquear la situación o tomar medidas unilateralmente para cambiar la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

Un punto de inflexión ante el que espera el sí de los 'populares' o, de lo contrario, llevará al Congreso una reforma para poder hacerlo él mismo.

No cambiará las mayorías, sino que abordará quitar al CGPJ la potestad de nombrar a los magistrados. Pasando ésta ahora a realizarse a través de una iniciativa que el PSOE y Sumar llevarían al Congreso. Una forma, según Sánchez, de que la elección de los jueces no esté «politizada».

La advertencia del presidente del Gobierno a Núñez Feijóo no está revestida de ningún talante político, es un puñetazo encima de la mesa ante lo que son lentejas, y como tal no ha sido bien encajada en la oposición ni en la judicatura.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no ha tardado ni un minuto en responder al planteamiento de Sánchez, mostrando su profundo rechazo y preocupación a lo que catalogan como una auténtica idea peregrina sobre un nuevo sistema de nombramientos de altos puestos judiciales.

Para la asociación mayoritaria de jueces la propuesta de hacer nombramiento es un auténtico atropello constitucional, lo que en boca de magistrados no debe considerarse como un asunto menor.

Y es que, los jueces ven la medida como lo que a todas luces parece, una injerencia y una amenaza a la separación de poderes que no puede más que encender todas las alarmas.

Eso sí, mientras Pedro Sánchez pone una fecha en el calendario y amenaza con hacer lo que le dé la gana, anuncia a la vez un «plan de regeneración democrática» que quiere presentar antes del verano, para, según sus propias palabras, «mejorar» la rendición de cuentas y la transparencia de los medios de comunicación y actuar contra los bulos.

Una «mejora democrática de nuestro país», según sus propias palabras, que suena más bien a todo lo contrario.

El Partido Popular se aferra a que la Comisión Europea vigile a Sánchez, y desde Génova tienen muy claro que no van a aceptar ultimátum sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Se mantienen en sus trece, y solo aceptarán renovarlo con candidatos que cumplan determinados criterios de independencia y, a la vez, que se apruebe un nuevo sistema de elección que, a partir de la siguiente designación, permitirá a los jueces elegir a sus pares.