Blanco asume el acuerdo de Feijóo con Canarias

SPC
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La socialista Patricia Gómez no consigue que la vicepresidenta de la Junta se pronuncie sobre "el discurso del odio" de su anterior socio de Vox

Blanco asume el acuerdo de Feijóo con Canarias - Foto: Miriam Chacón ICAL

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco, asumió el acuerdo firmado este martes entre el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre política migratoria, para resolver esta crisis desde "un trabajo conjunto y coordinado".

En una interpelación socialista relativa a la política general en materia de coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes en Castilla y León, Blanco enumeró los programas en marcha para la inmigración legal y eludió, como pidió Patricia Gómez, fijar una posición en contra de la "política de odio" que atribuyó al ex socio del PP, a Vox.

"Están con los Derechos Humanos o alineados con la extrema derecha", inquirió la socialista, que rechazó la "deshumanización y el discurso del odio" como premisas de las que habla Vox en relación a los menores inmigrantes y a la inmigración en general, que, en su opinión, demoniza y criminaliza.

En su respuesta, Blanco afirmó que "Castilla y León es una tierra de acogida y va a seguir siéndolo" y explicó que prácticamente todos los menores de acogida están en la Comunidad, excepto un pequeño grupo a la espera de billetes que llegará en los próximos días.

Se centró en los programas para la integración de los inmigrantes en la Comunidad mientras que Patricia Gómez insistió en conocer su opinión como consejera de Igualdad de Oportunidades. "Deje claro aquí que no tiene cabida el discurso del odio", incidió, pero Blanco culpó al Gobierno de falta de una política migratoria y se sumó al acuerdo firmado por Feijóo con el presidente canario.

"Trabajo conjunto y coordinado", resumió la vicepresidenta, en referencia a un acuerdo que Feijóo va a ofrecer al Gobierno en el que plantea la reforma de la ley de Extranjería para garantizar que el Estado financia la atención a menores migrantes cuando excede la capacidad de una comunidad.