El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció ayer que la Junta garantiza un aumento del tres por ciento del fondo de impuestos propios a las entidades locales en 2025, con algo más de 15 millones. Se trata de uno de los asuntos incluidos en el Consejo de Cooperación Local, celebrado ayer en Valladolid, en el que se abordó cómo afecta la aprobación de la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por el que suprime el tributo a los vertederos, uno de los dos impuestos autonómicos propios, y que pasará a ingresar el Estado en lugar de la Comunidad, para luego transferir a la Administración. González Gago recordó que, pese a esta rebaja por la eliminación de este gravamen, la Junta aplicará esta mejora, que supondrá un total de 15 millones para las administraciones locales, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad para 2025.

El consejero destacó que esta medida se incardina en la «voluntad» del Gobierno autonómico de «garantizar los fondos que las corporaciones locales reciben incondicionadamente cada año en concepto de impuestos propios, que es lo que se llama participación en los ingresos autonómicos». Desde 2015, cuando se implantó este nuevo sistema de financiación, el fondo abarcaba dos impuestos: el de afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, y el de la eliminación de residuos en vertederos. Esta ley nacional de 2022 ha creado el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, un nuevo tributo estatal que recae sobre el mismo hecho imponible que el autonómico y lo deja sin efecto desde el 1 enero de 2023.

La creación de este impuesto estatal responde a una «decisión unilateral» del Gobierno de España, sin contar con las comunidades, y se aplica en todo el territorio del Estado español, por lo que su creación afecta «directa y económicamente a las entidades locales de Castilla y León, en cuanto interfiere en el modelo de financiación local autonómico». Esto provoca, continuó González Gago, que el hecho imponible «afecte al impuesto autonómico, de tal manera que, de cara a 2025, ese impuesto autonómico ya no existe», lo que supone una «rebaja en los fondos globales que la Junta aporta anualmente a las corporaciones locales». «Pero nuestra idea es proteger esos fondos», comentó Gago, quien insistió en que «se intenta llevar» en la Ley de Medidas para el próximo año una modificación legal para garantizar que el fondo por impuestos autonómicos «tenga la misma cuantía que este año, aumentado en un tres por ciento».