La comisión informativa de Hacienda rechazó ayer un reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe de 815.208,57 euros, correspondientes a 211 facturas de servicios y suministros pendientes de pago procedentes del ejercicio de 2024, después de que PP, ¡VP!, Vox e IU-P votasen y exigiesen al concejal del área, Carlos Hernández, que el expediente se divida para priorizar los pagos urgentes, separando aquellos gastos que, a su juicio, se han ejecutado sin el respaldo legal necesario.

Un no rotundo argumentado a partir del informe de Intervención, que advierte al equipo de Gobierno del PSOE de incumplimientos en la tramitación y aprobación del gasto, señalando que algunas de las facturas corresponden a servicios prestados sin contrato vigente, mientras que otras se han generado sin crédito presupuestario, es decir, sin que hubiera una partida con fondos disponibles para afrontarlas en el momento de su contratación.

Uno de los aspectos más cuestionados del expediente fue el bloque de 90 facturas del Servicio de Cultura y Fiestas por 436.324,05 euros, correspondientes a espectáculos, conciertos, producción técnica y eventos vinculados, en su mayoría, a las fiestas de San Antolín 2024. Intervención detalla que al menos 42 se tramitaron sin crédito, lo que supone una irregularidad contable.

Entre las facturas de Cultura que figuran sin crédito destacan el alquiler de equipos de sonido e iluminación para diversos conciertos y espectáculos, la producción de eventos musicales, incluyendo montaje de escenarios y zonas de backstage, los espectáculos pirotécnicos en distintos puntos de la ciudad y la gestión de redes sociales y promoción digital de las fiestas. También aparecen contrataciones sin expediente previo, como actuaciones de orquestas, espectáculos de calle y eventos de animación, además de la grabación y edición de vídeos de los actos principales.

Además, el expediente incluía otras facturas de relevancia, como 42 de suministro eléctrico por 157.817,63 euros, algunas sin crédito y sin contrato vigente. También figuran servicios que han continuado prestándose pese a la finalización del contrato, como el mantenimiento de la casa de acogida, la gestión del tráfico (ORA, foto-rojo y cinemómetros) o el de recogida de papel y cartón. A ello se suman otras sin acreditación de precio de mercado, como reparaciones de vehículos de la Policía Local o asesorías jurídicas.

Crítica del PP. El Partido Popular se mostró muy crítico con el equipo de Gobierno de Miriam Andrés y su pléyade de facturas pendientes por conciertos, fuegos artificiales, charangas, catering, alojamiento y otros servicios a través de la Concejalía de Fiestas para la celebración de las fiestas de San Antolín sin disponer de crédito suficiente.

Su portavoz en el Ayuntamiento, Víctor Torres, denunció que «el PSOE ha gastado por encima de sus posibilidades sin importarle las consecuencias» y señaló que «esta gestión irresponsable no se limita a las fiestas, sino que se extiende a otras áreas, como la de Turismo, donde también se han comprometido gastos sin crédito suficiente», como la compra de 500 libretas, «lo que demuestra el descontrol absoluto del gasto público».

Finalmente, Torres recordó que en 2016, Francisco Fernández, actual concejal de Fiestas, pidió la dimisión del entonces edil del PP, Sergio Lozano, por comprometer gastos sin crédito que «ni siquiera alcanzaban la mitad de los 300.000 euros actuales», y reprochó que «nueve años después, Fernández no solo ha repetido el mismo error, sino que ha duplicado el gasto sin crédito, demostrando una absoluta falta de coherencia».

«En aquel pleno de 2016, el actual concejal de Hacienda, Carlos Hernández, aseguró que la responsabilidad de un gasto fuera de presupuesto era del edil de Contratación y, en última instancia, del alcalde», reprochó Torres.

Dimisión. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, solicitó la dimisión del concejal de Cultura, Turismo y Fiestas por su gestión económica. «Cuatro facturas, consideradas muy graves por Intervención, debieron tramitarse mediante expediente de contratación», recalcó San Martín, que acusó al equipo de Gobierno de justificar estos desajustes con subidas de tasas y recortes en inversión. «No se puede gastar más dinero del que se tiene, punto. Y mucho menos esas cantidades. Esta forma de actuar es una falta de respeto a la ciudadanía palentina, ya que se trata de dinero público», aseveró el edil, que reclamó a Francisco Fernández que «se responsabilice de su imprudente gestión y asuma las consecuencias de sus acciones dimitiendo del ejercicio de sus funciones y competencias».

Miriam Andrés asegura que sin estas contrataciones «se hubiesen tenido una fiestas que los palentinos no merecen» 

La alcaldesa, Miriam Andrés, defendió ayer la gestión del equipo de Gobierno atribuyendo la necesidad de este procedimiento a «circunstancias excepcionales ocurridas en 2024». «Ya hemos explicado a los grupos municipales reiteradamente que 2024 tuvo dos peculiaridades que nos obligaron a acudir a este reconocimiento extrajudicial de deudas», señaló Andrés, en referencia a la ausencia de remanente positivo de Tesorería y a la tardía liquidación del presupuesto de 2023, que no se produjo hasta junio. «Desde hace 20 años, las partidas destinadas a fiestas se vienen suplementando con los remanentes de Tesorería del año anterior. En 2024 no hubo», añadió.

La primera edil explicó que cuando la liquidación del presupuesto de 2023 se cerró en junio, el programa de las fiestas de San Antolín ya estaba precontratado casi en su totalidad, lo que dejó al equipo de Gobierno ante dos opciones:reducir el programa a la mitad, «lo que hubiese supuesto tener unas fiestas que los palentinos no se merecían ni tampoco hubiese tenido una dinamización económica ni hubiese sido una inversión para la ciudad», o bien continuar con la planificación prevista. Finalmente, el Ayuntamiento optó por mantener la programación y asumir el reconocimiento extrajudicial, que «hay que afrontar».

«Las críticas son exageradas y lo vamos a demostrar sacando los reconocimientos extrajudiciales de los últimos años y la suplementación de los remanentes de tesorería a las partidas de Cultura y Fiestas», afirmó. Asimismo, señaló que dentro de los 300.000 euros que el PP ha cuestionado, «hay 100.000 que estarían patrocinados por una entidad privada a través de un convenio».

Respecto a la petición de dimisión del concejal de Cultura, Andrés vinculó la exigencia de IU-P a disputas internas dentro del Partido Comunista. «Siempre han actuado así con aquellas personas que han decidido salir de sus filas», alegó. Por último, defendió la labor del edil de Cultura, destacando su papel en la atracción de visitantes a la ciudad. «Este año y medio una gestión que ha provocado que la tendencia ascendente de visitantes a la capital siga aumentando en un porcentaje de las provincias que más lo hacen de toda Castilla y León, y que hayamos consolidado la franja de las dos pernoctaciones».