El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resaltó ayer en la capital la importancia de la reciente creación de una red de cooperación civil internacional para proteger derechos fundamentales de los colectivos vulnerables. Así lo puso de manifiesto en la clausura de unas jornadas de trabajo durante tres días de 70 fiscales de toda España, especialistas de Civil y de Personas con Discapacidad, incluyendo la resolución de casos familiares relativos a menores. 

Consideró que la creación de esta red supone un salto cualitativo para resolver conflictos en el espacio judicial europeo. «La nueva sociedad, los tránsitos -no solo las migraciones, sino el espacio común europeo de trabajo, de desarrollo de las personas - generan situaciones a veces insólitas y tenemos que aplicar también el Derecho Civil, ya que así nos lo demandan los instrumentos internacionales. De esta forma, quizá nos anticipamos en la atención de necesidades y otros países, seguro, van a venir detrás de lo que nosotros estamos empezando a formular. Esta génesis hace que luego tengamos unas estructuras potentes y podamos exigirle, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, que queremos ser autoridad central, en Penal y en Civil también, y ser el referente de los compañeros sin que tengamos que pasar por otro tipo de trámites administrativos más burocráticos y de cualquier otra naturaleza para poder facilitarle la vida a la gente en situaciones vulnerables», indicó.

El fiscal general resaltó la importancia de las fiscalías en todo el territorio nacional y defendió el trabajo de la Unidad coordinadora de Discapacidad y Personas Mayores. «Se trata de un estandarte de la Fiscalía porque fusionamos de alguna manera la rama civil con una especialidad dentro de ella para aprovechar todas las sinergias y, especialmente, las nuevas problemáticas que se plantean a través de la fiscal jefa de Sala de lo Civil, que es la que la coordina en el Tribunal Supremo y, además, supervisa a  los fiscales en casos relacionados con la discapacidad. Yo creo que en este tema la Fiscalía sí se ha convertido en algo útil para quien tiene algún problema», desgranó.

Red jurídica internacional de apoyo a colectivos vulnerablesTras la clausura de las jornadas, Álvaro García Ortiz visitó  la Fiscalía de Palencia, siendo el primer fiscal general en ejercicio en hacerlo en la ciudad para reunirse con sus compañeros de profesión. Ante ellos reivindicó y defendió el  peso específico que debe tener el trabajo a nivel local, como el que se desempeña en la Fiscalía palentina, integrada por once profesionales, más los funcionarios. «No podemos entender que España se construya solo en Madrid, con lo que eso significa. Seguramente estemos perdiendo matices y realidad. Gestionando, administrando y dirigiendo una institución, lo peor que te puede pasar es eso. Nosotros  somos un servicio público y para eso estamos sin hacerlo solo en las grandes plazas. Trabajamos para la gente y, si no somos útiles, la Fiscalía no tiene sentido. A veces trasladamos muy mal esto y es culpa nuestra. Los compañeros de aquí son muy poquitos, trabajan mucho y lo hacen muy bien. Si yo vengo aquí es para que ellos sean protagonistas y para que la gente vea que más allá de titulares de periódicos del fiscal general hay un servicio público que funciona», arguyó.

A la pregunta de si el fiscal debe ser el protagonista real en la instrucción de una causa, consideró que  «tiene que haber un cambio de modelo procesal penal en este país «clarísimamente», al entender que, cada vez más, hay elementos que «perturban el funcionamiento normal de un sistema diseñado para el siglo XIX» «Estamos adentrados ya en el XXI y seguimos entendiendo la justicia, como se hacía en la antigua distribución de partidos judiciales y de reparto de poderes. Hay que repensarlo y asimilarnos al resto de los países del mundo. No es tan difícil y no podemos ser una isla en Europa y una isla en el mundo. Así que yo creo que es el camino dentro de la carrera fiscal y también en otros colectivos es un clamor», detalló en declaraciones a Diario Palentino.

jornadas nacionales. En la clausura de las jornadas Pilar Martín Nájera y María José Segarra Crespo, fiscales de sala del Tribunal Supremo, en la de Civil y la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores analizaron su contenido e importancia para el colectivo de fiscales.

«Se ha abordado la afiliación con técnicas de reproducción asistida, que plantean muchos problemas procesales y sustantivos. También, el régimen de alimentos y la atribución de vivienda tanto a los hijos, cuando son menores o mayores con discapacidad, y nos hemos centrado más en colectivos que tienen cierta posibilidad de vulneración de derechos. En la Sala Civil se llevan los procedimientos de familia cuando hay una crisis de pareja con hijos menores, pero también cuando hay hijos mayores con discapacidad en un punto de unión en el que, procesalmente, había cuestiones de interés para trabajar y tratar. En el tema legislativo a lo mejor hay reductos o posibilidades de modificar alguna ley en concreto para situaciones que son más cotidianas y precisan de una actuación distinta a la de antes», explicó Pilar Martín Nájera.

Como punto de especial interés en la sesión de ayer, María José Segarra destacó que se transmitió a los fiscales  la constitución hace escasamente una semana por el fiscal general de la red civil internacional de cooperación. «España es un país en el que viven muchas personas de otros lugares. Ahora, con los matrimonios mixtos, es normal que alguien se separe y se vaya a vivir a otro lado. A veces no hay acuerdo y se da la sustracción internacional de menores, o surge el tema de alimentos que no se pagan. Es una invitación a los fiscales a formarse y estar más presentes en todas las áreas. Debe existir una colaboración entre países para que tipo de situaciones de especial complejidad, si llegan a dar, cuenten con posibilidad de resolverse. Es lo que pretendemos, que en esta red la Fiscalía sea una autoridad», concluyó.