El sector vitivinícola se encuentra en un momento de crisis por factores tan dispares como el descenso estructural del consumo interno, los efectos económicos de la pandemia y la guerra en Ucrania, el cambio climático o las incertidumbres comerciales, incluida la continua amenaza de Estados Unidos de imponer posibles aranceles. En ese contexto, y tras las reuniones del Grupo de Alto Nivel sobre Política Vitivinícola (GAN) a finales del año pasado, la Comisión Europea ha dado luz verde hace unos días a un importante paquete de medidas diseñado para apoyar a esta rama productiva, como gran importancia en algunos países comunitarios, entre ellos España.

Entre las medidas aprobadas destaca la flexibilidad para gestionar la oferta de vino mediante un sistema renovado de autorizaciones para nuevas plantaciones y replantaciones, permitiendo limitar o incluso congelar autorizaciones de nueva plantación en zonas con exceso de oferta. Los agricultores tendrán ahora más tiempo (hasta ocho años) para decidir sobre inversiones en esas nuevas plantaciones y podrán renunciar a autorizaciones ya concedidas sin recibir sanciones administrativas.

Además, los Estados miembros ganan capacidad para intervenir directamente en el mercado. Podrán fijar límites máximos de producción y gestionar las existencias para evitar desequilibrios, aparte de permitir que, los que tengan fondos propios, en crisis de mercado, puedan poner en marcha medidas de cosecha en verde y destilación de crisis. También podrán sufragar con fondos propios medidas de arranque de viñedo. Todo ello «para evitar el excedente de producción, ayudar a estabilizar el mercado y proteger a los productores de tensiones financieras», aseguran desde la propia Comisión. Además, a los Estados miembros se les permitirá «adaptar mejor» las autorizaciones de plantación a sus necesidades nacionales y regionales.

Paquete de medidas para el sector vitivinícola - Foto: Pablo LorenteOtra novedad significativa del paquete son las medidas dirigidas a impulsar el consumo adaptándose a las nuevas tendencias. Se simplifican las etiquetas para vinos sin alcohol o de bajo contenido alcohólico, pasando a llamarse claramente «vino sin alcohol» (menos de 0,5º de alcohol) y de «bajo contenido alcohólico" (entre 0,5º y una reducción del 30% del grado alcohólico), facilitando así la identificación por parte del consumidor.

También se establece una nueva normativa para el etiquetado electrónico, con códigos QR fácilmente identificables mediante pictogramas, donde se incluirá lista de ingredientes e información nutricional. Habrá un periodo transitorio de 18 meses desde la entrada en vigor de la normativa. La Comisión ha indicado que los operadores se beneficiarán de este enfoque «más armonizado» en el etiquetado, «lo que reducirá los costes y simplificará el comercio transfronterizo de la UE, a la vez que facilitará el acceso a la información a los consumidores».

En el capítulo de la promoción se amplía hasta cinco años la duración máxima de las campañas en terceros países, cuando hasta ahora solo eran tres. Asimismo, los consejos reguladores de denominaciones de origen se suman a las organizaciones que pueden recibir apoyo económico para fomentar el enoturismo.

En el ámbito de la sostenibilidad y la cooperación empresarial, las cooperativas y organizaciones de productores podrán acceder a mayores niveles de apoyo económico para inversiones, especialmente aquellas destinadas a mitigar los efectos del cambio climático, con ayudas que podrán alcanzar el 80% del coste elegible, frente al actual 50%. Aunque estas medidas no incluyen financiación europea adicional, buscan proporcionar mayor flexibilidad y herramientas suficientes para que los Estados miembros puedan actuar con recursos propios en situaciones críticas.

Finalmente, aunque existe preocupación en el sector ante posibles aranceles estadounidenses, la Comisión no ha abordado esta cuestión en el presente paquete. En caso de concretarse dichos aranceles, la Comisión ha asegurado que estudiará medidas adicionales para proteger a los productores europeos.

Tras la publicación de este paquete de medidas, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE (los Estados miembros) a «actuar rápidamente para la adopción e implementación final» de las medidas.

Reacciones.

Estas medidas han sido recibidas con satisfacción por parte del sector, ya que responden de forma ágil y directa a demandas urgentes del mercado del vino europeo, buscando asegurar su futuro en un contexto económico incierto. Desde ASAJA se valoran positivamente las medidas propuestas por la Comisión, que han sido demandas por la organización agraria a lo largo de las discusiones del GAN, pero consideran que Bruselas debería de contemplar un presupuesto comunitario adicional para las medidas propuestas en caso de crisis de mercado, concretamente para la cosecha en verde, la destilación de crisis y el arranque de viñedo en zonas tensionadas.

Además, ASAJA considera que la Comisión debería permitir, en relación al presupuesto de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) asignado a cada Estado miembro, una gestión financiera plurianual de los programas sectoriales vitivinícolas, con la posibilidad de transferir fondos a periodos de financiación posteriores e incluso traspasos de fondos dentro de un mismo año entre las distintas medidas con el fin de que no se pierda presupuesto y se gestione de una manera más eficaz.

COPA-COGECA (agricultores y cooperativas comunitarios) acogen favorablemente este de acción, que incluye medidas pragmáticas, aunque asegura que persisten incertidumbres en cuanto a sus aspectos financieros. Por una parte, la inclusión de los regímenes de arranque en la caja de herramientas sectorial  -aunque financiados con fondos nacionales- contribuirá a estabilizar el mercado vitivinícola, celebran desde COPA-COGECA. Además, se ha recibido como «un paso positivo y necesario» la ampliación del periodo de validez de las autorizaciones de replantación, junto con la rápida activación de las medidas de crisis.

Sin embargo, lamentan que la Comisión no haya mantenido recomendaciones financieras clave extraídas del Grupo de Alto Nivel, como una mayor flexibilidad en el uso de los fondos sectoriales a lo largo de varios años y una mejor gestión de los recursos dentro del mismo ejercicio. Esta omisión proyecta una sombra sobre el paquete global, ya que corre el riesgo de socavar su eficacia, una cuestión que COPA-COGECA destacó «constantemente durante los debates. De hecho, sin un marco financiero adecuado que permita un uso flexible de los recursos sectoriales, el impacto de estas medidas será limitado».

El análisis de Vidal Maté.

La Comisión de la Unión Europea acaba de presentar el conocido como Paquete Vitivinícola, mediante el cual se pretende dar una respuesta global a los actuales problemas del sector.

Tanto desde la Federación Española del Vino como desde el Comité Europeo de Empresas Vitícolas, la iniciativa ha sido recibida con optimismo, si bien se critica que el conjunto de acciones previstas no se haya acompañado por un estudio sobre las necesidades financieras para su ejecución. Igualmente se echa en falta una mayor flexibilidad para la ejecución de los fondos que se contemplan en el programa de Intervención Sectorial Vitivinícola, que supone un montante global de 91,7 millones de euros, de los que 68,7 corresponden al año 2024 y 22,8 a 2025.

Entre las actuaciones previstas con estos fondos destacan las destinadas a mejoras de instalaciones de procesamiento del producto, infraestructuras vitivinícolas y mecanismos para los procesos de comercialización. De la cantidad prevista, el grueso de los fondos se concentrará en Castilla-La Mancha -casi 23 millones de euros- y en Castilla y León -21 millones-, seguidas por los casi ocho para Galicia, casi siete para Extremadura, 5,5 para el País Vasco y 3,2 millones para La Rioja. Desde el sector se pide una mayor flexibilidad en las actuaciones desde la Intervención Sectorial Vitivinícola y se advierte sobre los efectos de las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

Dado el comportamiento del consumo en casi todos los mercados, uno de los principales cambios se concretaría en medidas para ajustar más la oferta a la demanda. Desde el sector se aboga, de entrada, por una prevención de los excedentes adoptando medidas para las que están facultados los Estados miembros. Entre otras acciones con efecto inmediato se pone sobre la mesa las medidas para el arranque subvencionado de viñedos, al igual que la vendimia en verde o la limitación de los rendimientos por hectárea, junto a otras ligadas al cambio climático.

Desde la industria se reclama una mayor adaptación de la normativa a la realidad del sector para vender más entrando en más mercados con una mayor flexibilidad en la elaboración en bodegas, lo que supondría aumentar la oferta, pero al mismo tiempo ampliar el abanico de posibles clientes internacionales. Todo ello, sin olvidar la posibilidad de la destilación del vino para la obtención de alcohol.

La demanda de vino no corre sus mejores tiempos en el conjunto de los países comunitarios, entre los que España es uno más en la misma dirección. El consumo está prácticamente estabilizado en los nueve millones de hectolitros -frente a las cifras de once millones de hace pocos años-, con un muy ligero repunte en el último año. En contra juegan, entre otros aspectos, los elevados precios en la restauración frente a otras bebidas de competencia.

Estabilidad.

Una situación similar se repite en el mundo, según los datos manejados por la consultora AWM Del Rey, que destaca la estabilidad con un incremento de las exportaciones de solo un 0,8% (hasta los 102 millones de hectolitros) y un aumento en los precios del 1,2% (hasta los 3,6 euros litro), lo que desemboca en una mínima rebaja en la facturación hasta los 36.038 millones de euros. Crecen las ventas de vinos a granel, mientras se hallan estabilizados los vinos envasados tranquilos y se constata el aumento de los espumosos.

Francia, Italia y España se consolidan como los principales países exportadores, concentrando el 63% del valor y el 54% del volumen, aunque la situación es diferente en cada país. Francia exporta solo unos 13 millones de hectolitros, pero es líder en valor con casi 12.000 millones. Italia lidera ventas en volumen con casi 22 millones y en valor apenas si supera los 8.000 millones. España, por el contrario, exporta algo más de 20 millones, cifra similar a la italiana, pero está muy lejos de ese país en valor, ya que solo se alcanzan los 3.000 millones de euros a un precio medio que, aunque al alza, se estanca en una media de solo 1,5 euros por litro debido a los graneles. Países como Japón y China en Asia, Estados Unidos y otros del continente americano, algunos países del norte de Europa… suponen nuevas posibilidades de venta.

La importancia de dar una salida global al sector del vino viene determinada finalmente por el peso de la actividad en el conjunto del territorio rural, ya que en total se cultivan casi 900.000 hectáreas y existen cerca de 4.000 bodegas que dan empleo a unas 400.000 personas, a lo que se suman otras actividades como el enoturismo.