La Alianza UPA-COAG exigió ayer a las autoridades competentes que vigilen las actuaciones de los operadores de cereales en Castilla y León, así como a las lonjas provinciales de la Comunidad, para que se les obligue a cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria. Y es que, a juicio de las dos organizaciones, «con sus maniobras están provocando que los cerealistas de la región perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción». «La situación insostenible que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León con precios muy por debajo del coste de producirlos requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la AICA y de los organismos competentes en esta materia», reclamaron desde la Alianza.

A modo orientativo, ambas organizaciones afirmaron que el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León, con rendimientos de 3.000 kilos por hectárea, es de 810 euros, y por lo tanto el coste se sitúa en torno a 270 euros por tonelada, «muy por encima del precio que está percibiendo el agricultor hoy mismo por la cebada», que está en torno a 195 euros por tonelada, por lo que el cerealista «está vendiendo a pérdidas».

Se trata así, según el comunicado remitido a Ical, de «un incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, que debe actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores».

De igual modo, la Alianza UPA-COAG acusó a las lonjas provinciales como responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores. Por eso, les reclaman que marquen precios «que cumplan la ley» o que suspendan la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, «igual que hicieron cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones por el alto precio del cereal, que perjudicaba a los operadores».

Por último, UPA y COAG exigieron a la Junta que dote del presupuesto necesario a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura para que «deje de ser una figura decorativa y, de una vez por todas, actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria».