Tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a las centrales solares denominadas Cillamayor 1, Europa Solar y Callisto Solar, la Asociación Ecologista La Braña ha dado el primer paso para una más que probable judicialización contra esta instalación. Como primer paso, los ecologistas han enviado a la Junta de Castilla y León un «concienzudo documento» de 20 páginas en el que solicitan la revisión de oficio de todos los expedientes así como su anulación por considerarlos ilegales y nulos de pleno derecho.
Se basan para ello en lo que La Braña considera un «claro incumplimiento» del convenio europeo de Aarhus, según el cual con anterioridad al inicio del expediente los promotores deben iniciar un proceso de consulta, información y participación de personas, administraciones y colectivos sobre sus intenciones, paso éste que no se ha realizado. Asimismo, La Braña recuerda que Castilla y León en general y la provincia de Palencia en particular «no han aprobado aún una ordenación efectiva del territorio», careciendo por tanto de una preceptiva evaluación ambiental estratégica, algo que es imprescindible para construir estas industrias en suelos que no son industriales, según destaca la organización.
Otro argumento más radica en la «evidente partición de proyectos para que estos no superen los 50 Mw», en cuyo caso el organismo que interviene es el Ministerio para la Transición Ecológica y no la administración regional. «Se da la circunstancia que estas tres centrales se pretenden ubicar juntas, sumando cerca de 100 Mw, y ocasionando un efecto sinérgico acumulativo de nefastas consecuencias para la comarca», explica el colectivo.
La Braña constata en su escrito que en los proyectos no se ha tenido en cuenta el «efecto corona» debido a la ionización del aire alrededor de las líneas de alta tensión ni se ha respetado el «principio de precaución» ante los campos electromagnéticos que estas instalaciones ocasionarían en terrenos de Barruelo y Brañosera. Otro aspecto más obviado en los proyectos, ha sido el obligatorio análisis de rentabilidad energética, del cual carece. Las DIAS reconocen también que afectarían a unas 50 especies protegidas entre plantas, mamíferos, aves y quirópteros, por lo que no entienden el pronunciamiento favorable de la Junta en este primer trámite.
Todos estos argumentos, entre otros, han sido presentados ante la Junta como un primer aviso antes de que continúen los expedientes, ya que desde La Braña no se fían de que Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera «denieguen las necesarias licencias de obras».