El grupo islamista Hamás aseguró este jueves que obedecerá un alto el fuego en su guerra contra Israel si así lo dictamina la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que mañana se pronunciará en el marco de una acusación de Sudáfrica contra Israel por genocidio contra los palestinos.
"En caso de que el tribunal de La Haya decida un alto el fuego, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás se comprometerá a un alto el fuego siempre que el enemigo lo respete", indicó el grupo en un comunicado, en el que dice basarse en "los principios fundamentales de reciprocidad y Derecho internacional".
Además, asegura que también dejará en libertad a los más de 100 rehenes que tiene en su poder si Israel "libera a los prisioneros palestinos que tiene detenidos", pero exige que el Estado judío "ponga fin a su bloqueo de 18 años sobre Gaza y permita (la entrada de) toda la ayuda (humanitaria) necesaria para el alivio del pueblo palestino y su reconstrucción".
El Gobierno israelí adelantó que no tiene intención de respetar ese posible veredicto porque, considera, "no tiene fundamento", y expresó su confianza en que la CIJ desestime las acusaciones "espurias y engañosas" de Sudáfrica.
La CIJ se reunirá este viernes en una sesión pública para anunciar si concede las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que obliguen a Israel a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, una medida que el Gobierno israelí no tiene intención de respetar.
La decisión que emita el alto tribunal de la ONU se enmarca en el caso iniciado por Sudáfrica el 29 de diciembre, en el que acusa a Israel de tener "intenciones genocidas" respecto a la población palestina de la Franja de Gaza con su ofensiva militar.
Las audiencias sobre las medidas cautelares se celebraron el 11 y 12 de enero, y ambos países expusieron sus argumentos sobre esta cuestión.
El Gobierno israelí expresó hoy confianza en que la CIJ desestime las acusaciones "espurias y engañosas" de Sudáfrica.
En la demanda, Sudáfrica solicitó a la corte que indicara medidas para "proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio", acusó a Israel de tener un "patrón genocida" en las políticas sobre los palestinos y denunció asesinatos en masa, desplazamiento forzado y lenguaje de deshumanización.
Israel rechazó tales acusaciones, justificó su guerra en Gaza como su "derecho inherente a defender a sus ciudadanos" del grupo islamista Hamás, y advirtió de que las medidas cautelares impedirán el rescate de los rehenes; además de culpar a Sudáfrica de presentar una "imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada" a la CIJ.
La guerra estalló el 7 de octubre tras un ataque de Hamás, que incluyó el lanzamiento de cohetes contra Israel y la infiltración simultánea de miles de milicianos que masacraron a unas 1.200 personas en las aldeas israelíes cercanas a la Franja y secuestraron a otras 250.
Desde entonces, Israel sostiene una potente ofensiva militar por aire, tierra y mar sobre el enclave palestino que ha dejado más de 25.900 muertos, 64.110 heridos, 8.000 desaparecidos, según las autoridades gazatíes, y casi dos millones de desplazados que viven una crisis humanitaria sin precedentes.
A finales de noviembre, una tregua de una semana permitió la liberación de 105 rehenes a cambio de 240 presos palestinos. En total, 110 rehenes han sido liberados y se estima que 130 siguen cautivos en la Franja de Gaza, aunque 28 habrían muerto.
Aunque varios países siguen mediando para lograr una nueva tregua, las negociaciones no han dado frutos pues, aparentemente, Hamás solicita un cese el fuego permanente, algo a lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone vehementemente.
Este jueves, Netanyahu se reunió con el ministro de Justicia, Yariv Levin; el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; la fiscal general Gali Baharav-Miara, y con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, para analizar las posibles vías de actuación de Israel ante el fallo de la CIJ.