El pleno del Senado celebrado este miércoles aprobó la toma en consideración de la Ley antiokupación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la primera Ley Feijóo. Los senadores del PP por Palencia señalan que «otra forma de gobernar es posible» y esta propuesta es el ejemplo de que existe «una alternativa política, la del PP, que se preocupa y ocupa de los problemas reales de los españoles, y que trabaja para resolverlos en vez de crearlos y alimentarlos».
Esta propuesta del PP plantea cambios que permitirán «proteger la propiedad privada, endurecer las penas por okupación ilegal, facilitar el desalojo de los okupas en 24 horas e impedir el empadronamiento en las viviendas okupadas». También incluye los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.
«Tolerancia cero con la okupación», aseveraron los senadores populares,d que sostuvieron que este fenómeno «nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza». «Los okupas son delincuentes organizados. Y, por ello, al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja, y al vulnerable se le protege», resaltaron.
Según los datos que ofrecieron los senadores del PP, en España se calcula que hay 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente y es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierna, incrementándose las denuncias por okupación en un 37% desde 2018. En el 2022, último año del que se tiene registro, se produjeron 46 ocupaciones al día lo que supuso más 16.700 ocupaciones a lo largo del año
Durante los tres primeros trimestres del año pasado -únicos datos disponibles- los juzgados de la provincia de Palencia abrieron tres diligencias judiciales por ocupación ilegal de vivienda. Al cierre de tercer trimestre, había tres en trámite.
problema real. «No es un problema menor, ni algo de unos chavales gamberros o antisistema. Es un problema real en el que intervienen verdaderas mafias que han creado una industria del crimen mientras el Gobierno de Sánchez mira para otro lado, cuando no ampara directamente estas conductas», señalan los populares, que destacaron que es necesario «modificar el marco legal para plantar cara a la ocupación y usurpación de viviendas, evitar distorsiones, contemplar un bien jurídico que aún no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa y proteger a los propietarios y sus bienes».