El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la capital refuerza su flota con la incorporación de dos nuevos vehículos: una bomba urbana ligera y un camión autoescala. 

Estas nuevas incorporaciones, que han contado con la financiación de los fondos Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), suponen entrar «en la recta final de la renovación del parque móvil». Así lo manifestó ayer el jefe del parque de bomberos, Javier Villena, durante la presentación de las nuevas dotaciones. 

La bomba urbana ligera, cuyo coste asciende a los 471.900 euros, está destinada a actuaciones como pequeños incendios, ayudas técnicas o asistencias domiciliarias. «Al ser versátil y corto, sirve de apoyo para los vehículos pesados, así como para poder intervenir en la mayoría de incidencias que se dan en la capital», explicó el jefe de bomberos. Cabe destacar que, entre sus especificaciones, se encuentra un depósito de agua con capacidad de hasta 1.600 litros. 

Por su parte, la autoescala, cuyo coste alcanza los 974.739,70 euros, incluye unas prestaciones que permitirán a los profesionales actuar con mayor seguridad y eficacia. «Es un vehículo completamente actualizado. Su tecnología nos permite intervenir con una cesta más grande y en situaciones con patologías variátricas», detalló Villena. 

El principal fuerte de esta nueva dotación es su escala automática de 32 metros de altura, divididos en cinco tramos de escaleras. El último es articulado, lo que mejora los accesos en las intervenciones que realiza. 

Tras estas incorporaciones, el eje de vehículos de intervención «ya estaría cubierto», afirmó Villena en relación con la renovación de las dotaciones del parque. «Queda el último remate, que corresponde a una serie de vehículos ligeros que ya están en tramitación y con los pliegos preparados», concluyó. 

VISTA EN OCTUBRE. La disputa judicial entre la Diputación y el Ayuntamiento por el parque de bombero tendrá en octubre la vista para dirimir el conflicto. 

Así lo confirmó la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, quien también aseguró que a finales de septiembre expondrá públicamente la línea de defensa del Consistorio. «Vamos a seguir empeñados en la defensa de los intereses generales de la ciudad», subrayó la regidora.

La primera edil expresó sus muchas dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la vista, y recalcó que «el problema es de la  administración provincial, que no está cumpliendo con las competencias que le manda la ley». «No somos los que tenemos que mover ficha», añadió.  

Este conflicto judicial surge a raíz de la demanda interpuesta por la Diputación en elJuzgado de lo contencioso-administrativo por el «inclumplimiento» del acuerdo plenario de 1981, en el cual se acordó entre las dos administraciones que la institución provincial tuviera derecho de superficie sobre el parque de bomberos a cambio de la financiación de su construcción.