El equipo de Gobierno de Miriam Andrés fue incapaz ayer de sacar adelante en la Junta de Gobierno Local el nuevo contrato del servicio de ocio y promoción turística de navegación por el Canal de Castilla que, en los últimos años, ha dinamizado la dársena durante los meses de verano ofreciendo paseos en barca o la posibilidad de practicar piragüismo y paddle surf.

Con la ausencia de la edil de Vox, las abstenciones de Partido Popular e Izquierda Unida-Podemos y el voto en contra de ¡Vamos Palencia! impidieron al equipo de Gobierno sumar los votos suficientes para aprobar los pliegos del contrato. El empate se pudo decantar a favor pero a la sesión tampoco acudió la alcaldesa, Miriam Andrés, por lo que no pudo utilizar su voto de calidad.

Este servicio tenía que haber estado en marcha a principios de mes, pero el concejal de Turismo, Francisco Fernández, explicó que el retraso en su licitación y puesta en marcha se debía al interés municipal por ampliar la oferta de servicios. Efectivamente, en el pliego de condiciones se incluía la exigencia de que la adjudicataria dispusiese de «cuatro embarcaciones redondas comedor con capacidad para seis a ocho personas» con el objetivo de ofrecer la posibilidad de cenar en la dársena del Canal. Esta novedad era la que hacía que el contrato se encareciese hasta los  61.873,65 euros, a pesar de que respecto al año pasado se prescindiese de las piraguas y el paddle surf. 

Esa era la idea hasta la mañana de ayer, pero tras la votación fracasada en la Junta de Gobierno Local, el propio edil de Turismo anunció que renunciaba al nuevo contrato y que el servicio va a quedar reducido a lo que había en 2023, es decir, sin hostelería. 

«Aunque no se lleve a cabo, el servicio de las barcas, tal cual estaba otros años, se va a poner en marcha estos días con un procedimiento mucho más sencillo, ágil y rápido», aseveró el edil. «Tendremos que dejar esa mejora para tiempos futuros para pensarla y hacerla con más detenimiento», añadió Fernández. 

Críticas. El grupo municipal de ¡Vamos Palencia! instó al equipo de Gobierno a «mejorar su gestión y planificación para evitar estos retrasos». Así, su portavoz, Domiciano Curiel, justificó el voto en contra porque «no debería haberse llevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación un contrato con inicio el 1 de julio cuando la reunión se ha celebrado el 12». 

«En caso de pretender alargar el contrato y extenderlo al mes de septiembre, se estaría pagando por un servicio que, dadas las fechas, vería mermada la afluencia de público que pudiera disfrutar del mismo y con un coste para las arcas municipales de unos 30.000 € mensuales sin un claro retorno», aseveró el edil.

Curiel detalló que de haberse aprobado ayer el pliego, era necesario un plazo mínimo de 15 días para la recepción de ofertas desde el día siguiente a la publicación en el perfil del contratante, tiempo al que hay que sumar la valoración de las ofertas presentadas o, si fuese necesario, el plazo para presentar información y para la constitución de la garantía definitiva antes de firmar el contrato. «Si todo va bien y teniendo en cuenta que estaríamos hablando de mediados de agosto», reseñó el concejal.

«Si  el presupuesto de 2024 está aprobado desde el 18 de enero, esto pone de manifiesto una clara falta de gestión y previsión en la administración de este contrato que se debería de haber previsto», sentenció Domiciano Curiel.

Sin ordenanza. No fue la única crítica que recibió el equipo de Gobierno por este asunto. Desde el Partido Popular se preguntan cómo es posible que se lleve un contrato que incluye una ampliación de los servicios sin que se modifique la ordenanza que los regula. 

Los precios públicos por el uso de las barcas, las piraguas y el paddle surf están recogidos en una ordenanza fiscal y si se incluyen nuevos servicios, como era el caso de la posibilidad de cenar en la dársena, estos deben ser incluidos en dicha ordenanza y ser aprobados, un trámite que no se había iniciado siquiera.

Por su parte, desde IU-P explican que no ven clara esta apuesta gastronómica ni el precio que se pretende pagar por el servicio, así como el retraso que lleva en su puesta en marcha.