La necesaria reforma del sistema de financiación autonómica corre el riesgo de volver a estancarse sin que ni siquiera se haya puesto encima de la mesa una propuesta de partida. El modelo actual, una de las mayores chapuzas del entramado institucional español, lleva nueve años caducado, pese a su importancia para el buen funcionamiento del estado descentralizado y, especialmente, para garantizar la calidad de los servicios públicos, un hecho que, paradójicamente, se olvida en este juego de poderes en que se ha convertido la política española.
El sistema pactado en 2009 por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con los líderes de ERC ha sido insuficiente para la financiación de los servicios públicos esenciales y, lo que es peor, consolidó la insana práctica de financiar el Estado del Bienestar recurriendo al déficit con el resultado de un incremento exponencial de la deuda pública que acotar el margen de maniobra de las Administraciones. El modelo fue fruto de una negociación asimétrica – que ahora parece reverdecer- estableciendo sus bases bilateralmente con los nacionalistas catalanes y convirtiéndolas en trágala para el resto de comunidades bajo amenaza de no incrementar sus recursos.
Estos son los antecedentes, pero el contexto actual es aún más inquietante por un contexto en el que las demandas nacionalistas se han multiplicado, al tiempo que se acentúa la debilidad del Gobierno ante sus socios de investidura.
La respuesta del Ejecutivo ante este endiablado tablero, que él mismo ha ido conformando en sus continuas cesiones, es tratar de implicar al líder del PP en la cuestión, demostrando una vez más que el corsé institucional le estorba en sus estrategias políticas. Con quien tiene que llegar a acuerdos la flamante vicepresidenta primera es con los consejeros correspondientes que pondrán sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera las necesidades específicas de cada comunidad. La base de partida no debería ser compleja y pasaría por valorar de forma real el coste de la prestación efectiva de los servicios.
Sin embargo, los compromisos derivados de la negociación de la investidura complican cualquier acuerdo multilateral. Lo hace imposible asertos como el del presidente del Gobierno aceptando un pacto fiscal para Cataluña que dañe irremediablemente el principio de igualdad y el de solidaridad, al igual que la posibilidad de condonar 15.000 millones de deuda a una Comunidad sin ni siquiera analizar la situación financiera del resto o de destinar 150 millones de euros al sistema de I+D+i sólo de esa autonomía. La ausencia de la consejera catalana en el último CPFF no permite ser optimistas sobre la voluntad real de acordar más allá de las necesidades del jefe del Ejecutivo para seguir siéndolo. Y, sin embargo, si se piensa en los ciudadanos, la implementación de un nuevo sistema es inaplazable y, si de verdad se tiene sentido de estado, merece estar entre las prioridades políticas del nuevo año.