La declaración el pasado jueves de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, como testigo en el Tribunal Supremo ha abierto la caja de los truenos al confirmar el piso de Plaza de España en Madrid en el que vivió gratis, los viajes al extranjero con gastos pagados, el dinero en metálico que recibía y el enchufe en las empresas públicas gestionadas por el Ministerio de Transportes, Ineco y Tragsatec, en las que figuraba en nómina como auxiliar administrativo, pero nunca fue llamada a trabajar. A pesar de ello, percibió un salario mensual de 1.600 euros en Ineco, el cual correspondía al salario mínimo interprofesional.
Según sus palabras, su contratación la gestionó Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García. Y aunque se entrevistó para el puesto, nunca recibió instrucciones de trabajo y únicamente utilizó el ordenador de empresa para realizar un curso de riesgos laborales y fichar semanalmente. En Tragsatec, su segundo empleo, ocurrió algo similar: no asistió nunca a trabajar, pero continuó percibiendo un salario.
Precisamente estas revelaciones han llevado al Partido Popular a decidir llamar a la comisión de investigación abierta en el Senado del caso Koldo a los titulares de Transportes, Óscar Puente, y de Agricultura, Luis Planas, para que expliquen la relación contractual que tenía Jessica con las empresas dependientes de sus ministerios.
En paralelo, el PP registrará en el Congreso de los Diputados que ambos ministros comparezcan también en la Cámara Baja para explicar «su connivencia en el uso de dinero público para pagar favores sexuales».
Los populares quieren que Puente y Planas comparecezcan en la comisión del Senado para que «expliquen los supuestos casos de malversación y tráfico de influencias que puedan haberse cometido en la contratación de la pareja que el exnúmero 2 de Pedro Sánchez escogió por catálogo».
Esta sería la segunda vez que Óscar Puente acuda a esta comisión de investigación que gira en torno al caso Koldo. La primera fue a finales de noviembre, y el PP «espera» que en esta ocasión «tenga a bien decir la verdad y no ocultar información relevante», según destacaron fuentes del PP.
También agilizará las comparecencias de los cargos de Ineco y Tragsatec implicados «en la contratación fraudulenta de Jessica, y que facilitaron los pagos a esta persona sin que siquiera pisara las oficinas de ambas empresas públicas», según indican los populares.
En concreto, el listado está conformado por el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande; la presidenta de Ineco en 2020, Carmen Librero; el director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, y la actual Directora General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar Sánchez. Esta última, quien realizó una auditora y que según Puente, «no vio nada raro en las empresas públicas», tal y como subraya el PP.
Además, el PP activará «a la mayor brevedad posible» la comparecencia de la propia Jessica en la comisión de investigación en la Cámara Alta para que «pueda explicar la forma en la que el exministro de Transportes pagó sus servicios con el dinero de todos los españoles». «De todas las formas en las que un gobernante puede utilizar mal el dinero público, la de emplearlo para pagar los servicios de una prostituta para que atienda los deseos de un ministro es de las más asquerosas que puede haber», denunciaron.