Una «financiación singular» para Cataluña. Ese es el objetivo que persigue el jefe del Govern, Pere Aragonès. Una propuesta ambiciosa cuyos detalles hará públicos este mes de febrero, aunque aún no se sabe cuándo, de la que solo ha avanzado su idea central: la comunidad que gobierna «debe poder administrar los impuestos que paga».

El dirigente de ERC encargó el pasado noviembre a su consellera de Economía, Natàlia Mas, el diseño de un plan de financiación específica para Cataluña que permita salir del régimen común autonómico y recaudar la totalidad de los impuestos desde la Generalitat.

«A lo largo de este mes de febrero haremos pública la propuesta de financiación singular, que ha de permitir tener la soberanía sobre los recursos que ya pagamos en forma de impuestos, pero que no administramos nosotros sino el Gobierno español», explica Aragonès.

El plan del líder secesionista tratará de «reducir el déficit fiscal que sufre la ciudadanía catalana», que cifra en 22.000 millones de euros, si bien también contempla que siga habiendo «mecanismos de cooperación» con el conjunto del Estado.

Aragonès no se cierra a escuchar las aportaciones o sugerencias que puedan formularle otros grupos parlamentarios, aunque ya ha dejado claro que de entrada pondrá «sobre la mesa» del Gobierno de Pedro Sánchez su propia idea. «Yo haré mi propuesta. A partir de aquí, si puede ser enriquecida, perfecto. Si hay partidos que deciden mirárselo desde la barrera, no me quedaré parado», afirma.

En este sentido, el president quiere negociar bilateralmente su iniciativa con el Ejecutivo del Estado: «Yo no soy nadie para decir cuál ha de ser la financiación de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura o de Galicia. Lo que defenderé es lo que creo que es justo para Cataluña», argumenta.

Voz de alarma

La idea de Aragonès no gusta a los expertos, que advierten de sus peligros para el conjunto de España. En concreto, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisó hace unos días del riesgo de que se inicie «una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta», negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, y lamentó que esto «privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la garantía de la cohesión social y territorial».

Esta fue una de las conclusiones del informe que presentó el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que señala que, tras los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con las formaciones independentistas, «podría iniciarse una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado».

«Esto no sería admisible», añade el documento, que reconoce que esta situación ya existe con las comunidades forales -País Vasco y Navarra-, aunque desde Fedea apuestan por «trabajar para ir corrigiéndola de forma gradual».

Por ello, creen que «no se puede permitir que el problema se extienda a otras regiones de mayor peso económico». Además, para el director de Fedea, la reivindicación soberanista de «una financiación a la carta» podría comportar que ciertas autonomías «se queden básicamente sin recursos» porque no se financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno central se podría quedar sin fondos para «ejercer sus funciones».

«Si aceptamos echar a andar en esa dirección, estaríamos poniendo rumbo al Estado federal» en el que «cada uno se queda con lo suyo», alertó De la Fuente, aseverando que lo que «hoy se dé» a Cataluña «mañana lo pedirá» Baleares y «pasado mañana» lo hará Madrid.

Reforma en varias fases

En cualquier caso, el informe apuesta por abordar la reforma del sistema de financiación «en varias fases». Una primera podría ser un fondo complementario de nivelación «financiado por entero» con recursos del Estado, un mecanismo que «debería abordarse de forma inmediata». El coste de esta medida rondaría los 3.000 millones de euros que se repartirían entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha.

En una segunda fase podrían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, como una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.

Y mientras se implementa la segunda fase, Fedea cree conveniente que se abran negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego con las comunidades, «para buscar un consenso lo más amplio posible». «Sería necesario, al menos,  un pacto entre los dos principales partidos nacionales», sentencia.