Hasta que un Real Decreto de 7 de marzo de 1977 no despenalizó los juegos de azar y apuestas, solo estaban permitidos la Lotería Nacional, el Cupón de la ONCE y las Quinielas de fútbol. Sin embargo, en Semana Santa las autoridades hacían la vista gorda y reinaba la tolerancia, por lo que en todos los pueblos era tradición (que aún se mantiene) jugar a las chapas o al bote con los arquilleros de almendras.

Así venía ocurriendo desde siempre. Joaquín Robledo apunta la razón: los soldados encargados de las crucifixiones se repartían la vestimenta de los ajusticiados, y en el caso de Jesucristo decidieron sortear la túnica entre ellos, como relata el Evangelio de Juan. Por ello, en el aniversario de la crucifixión de Jesús, Semana Santa, se permiten los juegos de azar, rememorando dicho sorteo.

Sin embargo, la Semana Santa de 1951 en Encinas de Esgueva sería diferente. Se encontraban los vecinos jugando al bote, despreocupados sabiendo que siempre había sido tolerado, cuando llegó la pareja de la Guardia Civil y el cabo comenzó a pegar brutalmente a los reunidos con una vara extensible, alegando la prohibición vigente. 

Semana Santa trágica Encinas de Esgueva

Nadie se explicaba la razón, aunque hubo quien apuntó que el cabo pretendía requisar la cartera a los almendreros para quedársela y resarcirse de la cuantiosa pérdida sufrida días antes jugando al julepe en otra localidad. No en vano el almendrero, natural de Castrillo de Don Juan, tenía la costumbre de poner su cartera encima de la mesa para demostrar que disponía de dinero para responder a las apuestas de la gente. Junto a él estaba otro compañero, al que llamaban Marujo, que al iniciarse los incidentes guardó dicha cartera para que no la cogiera el cabo de la Guardia Civil, y este solo pudo coger la calderilla que había encima de la mesa para la apuesta en curso.

En Encinas, la Semana Santa es fiesta mayor, al igual que San Roque, por lo que había mucha gente. Dada la voz de alarma por la represión desatada (había ya varios heridos), se presentó el alcalde, Florentino Molinos Picado. Este llamó a los somatenes y dieron la orden de subir todos al Ayuntamiento. Se levantó acta de lo ocurrido y se la dieron a firmar al cabo, que tras firmarla se arrepintió por miedo a ser expulsado de la Guardia Civil; se puso nervioso y amenazó con salir a la calle y comenzar a disparar si veía a grupos de más de dos personas. La situación derivó en un enfrentamiento en el interior de la Casa Consistorial y el cabo hizo ademán de disparar su fusil. El alcalde y el guarda jurado sacaron instintivamente sus armas, se escuchó un disparo y el cabo, M.C.N., cayó muerto, con un disparo en el pecho.

El número de la Guardia Civil que acompañaba al cabo no reaccionó. Solo se le oyó decir «ya me habéis quitado el pan de mis hijos», imaginando que sería sancionado por no defender a su superior.

Tras conocerse la noticia, llegó a Encinas una tropa de la Guardia Civil con intención de arrasar el pueblo en venganza, teniendo que intervenir el Gobernador, Villalobos, dando orden tajante al teniente coronel de que los detenidos llegaran vivos a Valladolid, e incluso viajó con ellos hasta la capital porque no se fiaba y temía que los mataran por el camino. 

Todo apunta a que el disparo partió del arma del guarda jurado, ya que la pistola del alcalde se encasquilló y no se disparó. El secretario del Ayuntamiento pretendió, sin éxito, atribuir el disparo a un somatén. Finalmente el alcalde se autoinculpó, consciente de que si era juzgado y condenado a muerte lo más probable era que le conmutaran la pena, dada su calidad de alcalde de Falange, mientras que si el condenado era otro, la probabilidad de ser ejecutado era  mucho mayor.

Hubo juicio por la jurisdicción militar contra cuatro acusados, presentes en el Ayuntamiento el día de autos, a los que defendió el abogado Álvarez Taladriz, quien tuvo una actuación espléndida, ganándole la partida argumental a la acusación. Sin embargo, temiendo que no iba a servir para nada, Álvarez Taladriz interpretó una escena en la sala: encendió un mechero y dio con él una vuelta a la sala, ante lo que el presidente del Tribunal Militar, Vicente de la Fuente Valente, le preguntó «¿qué está haciendo usted?» y él respondió «estoy mirando a ver si encuentro un poco de justicia, que al parecer por aquí no la hay». El presidente del Tribunal reaccionó ordenando la encarcelación del abogado, lo que motivó la primera huelga de abogados en todo el Estado. 

Y los temores del abogado se cumplieron: a pesar de su gran actuación rebatiendo las acusaciones, las presiones de la Guardia Civil (un cuerpo con mucho poder) y del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, «aconsejando» a los acusados cambiar de abogado, lograron apartar a Álvarez Taladriz y su sustitución por un letrado del turno de oficio, allanando así el camino para la sentencia deseada: pena de muerte para el alcalde y 14 años de reclusión para el resto de acusados. 

Y también, como estaba previsto, a Florentino Molinos le fue conmutada esa pena de muerte por 30 años de prisión, de los que cumplió 14 y gozó de régimen abierto, dado su estatus político, pudiendo acudir incluso al funeral de su padre, aunque con vigilancia secreta. El resto de condenados cumplieron 7 años presidio.

Este caso, de gran trascendencia ya que se solicitó incluso la intervención del Ministerio de Justicia, sirvió para dirimir una pugna de poder entre la Falange, ya en decadencia y, por otro lado, la Guardia Civil y el Ejército con poder creciente, de forma que cargos públicos que apoyaron al alcalde fueron trasladados de Valladolid y que a raíz del suceso Encinas sufrió represalias en forma de multas por cualquier circunstancia por parte de la Benemérita, hasta que con el tiempo se fue olvidando.

PRECEDENTE EN VILLAFUERTE DE ESGUEVA.

Tiempo atrás, otro suceso había sacudido también al Cerrato en similares circunstancias: el juego de las chapas en Semana Santa.

El 27 de marzo de 1902, Jueves Santo, en Villafuerte de Esgueva, M. M. mató de una puñalada a su vecino J. G. Días antes tuvieron una discusión jugando a la tanga, y aquella mañana de Jueves Santo, otra jugando a las chapas. En ambas ocasiones estuvieron a punto de entablar pelea o incluso intercambiar algún golpe, y Máximo amenazó de muerte a Julián.

Por la noche, al filo de las 21 horas, cuando Julián regresaba a su domicilio en compañía de su mujer, M. M., que estaba escondido esperándole en las inmediaciones, le abordó navaja en mano y le asestó una puñalada en el corazón que le causó la muerte instantánea.

Según narró la prensa regional en su día y lo recordó después el historiador Enrique Berzal, M. M., natural de Esguevillas de Esgueva, pero residente en Villafuerte, era un jovenzuelo de 19 años que tras perpetrar el asesinato se fue a su casa y cenó y durmió como si nada. Pero la Guardia Civil acudió a detenerle y le condujo a la cárcel de Valoria la Buena.

El juicio se celebró en octubre, en la Audiencia Provincial. El fiscal, Juan Vázquez, en principio calificó los hechos como asesinato, solicitando cadena perpetua; pero el abogado defensor, Jacobo del Río, consideró que era homicidio con eximente de legítima defensa o, en su defecto, con atenuante de arrebato y obcecación derivada de la existencia de amenazas y provocación previas. Finalmente, la propia Fiscalía modificó la calificación, considerando los hechos constitutivos de homicidio con la atenuante de arrebato y obcecación, por lo que la sentencia fue de 12 años de prisión y 5.000 pesetas de indemnización a la familia de la víctima.