El pasado 23 de enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recibió una valija con casi medio millón de firmas. Aquel tsunami de rúbricas tenía un propósito claro: levantar la voz de alarma ante los riesgos que suponen para el Estado de derecho los acuerdos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y, de forma especial, el pacto con Junts y Carles Puigdemont para una amnistía a la carta que el Congreso  selló el pasado jueves.

La Comisión no echó al cajón, sin más, la alerta que había detrás del aluvión. «Tenga la seguridad de que la Comisión sigue resuelta a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en todos los países miembros», indicaron en su respuesta oficial.

A Bruselas, precisamente, se dirigen ahora muchos ojos para combatir una Ley de Amnistía que concede la impunidad a todos los implicados en el procés catalán. 

Es en Europa donde en los próximos meses (¿incluso años?) se va a librar la batalla más dura contra sus premisas. La polémica norma, hecha a la medida del expresidente de la Generalitat, nace de las urgencias de un Pedro Sánchez acuciado por sus urgencias. El socialista se vio obligado a consensuarla al dictado de los independentistas a cambio de sus siete votos para sostenerse (siempre en precario) en la Moncloa.

La ha vendido como el gran logro para la concordia y el reencuentro España-Cataluña, pero muchos la ven como una rendición utilitarista que supone canjear impunidad a cambios de apoyo parlamentario. 

En este frente está, sin ir más lejos, el PP. Su presidente, Alberto NúñezFeijóo, ha enchufado al Partido Popular Europeo (PPE) que active todos sus recursos en la UE contra la Ley de Amnistía para. Los populares quieren internacionalizar un asunto que consideran casus belli y el presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, se ha implicado a fondo. «Pedro Sánchez se está convirtiendo en una marioneta de Puigdemont», llegó a decir el germano.

Feijóo, que ya ha avisado que la derogará si llega a la Moncloa, ha intensificado sus contactos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para frenar una amnistía que «deja impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE».

Vox también ha apretado los resortes europeos con la mira puesta, en última instancia, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «España mira a Europa con esperanza e inquietud», ha reconocido su líder, Santiago Abascal.

«Es el pacto de la vergüenza. Primero dijeron que no habría amnistía, luego que no incluirían delitos de terrorismo. Ahora conocemos lo último, una aberración que incluye todo. Europa la frenará. De eso nos encargaremos en Ciudadanos», avisó el presidente del grupo parlamentario naranja en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Además de los políticos, el frente contra esta medida tiene también una afilada vertiente judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que el nuevo texto pactado por PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y Sumar, que incluye cambios para perdonar delitos de terrorismo, traición y malversación en el procés, sigue siendo contrario al Derecho europeo.

Un blindaje cuestionado

«No estoy tan convencido de que con estos cambios la amnistía se salve definitivamente en la Unión Europea», indicó el miembro de la APM, Alejandro González Mariscal de Gante.

A su juicio, se quieren perdonar delitos de corrupción bajo la premisa de que «todo está amparado por la Comisión de Venecia, cuando no está aún el informe definitivo y si se lee el borrador, no dice nada» de lo que se ha interpretado desde los partidos que proponen la amnistía y que utilizan, a su juicio, frases sacadas de contexto. 

La AJFV, por su parte, señaló que las referencias al terrorismo, la traición y la malversación en el texto reformado «no cumplen con los valores fundamentales de la UE», lo que invalida la ley y tiene también un «difícil pase» ante el Constitucional. Su portavoz, Sergio Oliva, resaltó que la ley, desde su texto inicial, no alcanza ningún fin constitucional porque crea «desigualdad» entre los españoles al perdonar determinados delitos por finalidades políticas.

Además, tildó de «perverso» el nuevo texto, porque su redacción es «intencionadamente confusa y ambigua», provocando que cualquier interpretación válida de un juez pueda ser calificada «como prevaricadora».

En parecidos términos se expresó el presidente de FJI, Fernando Portillo, al recalcar que «el Derecho europeo camina en una dirección y la amnistía en la contraria».

Una ley, en definitiva, que nació bajo el signo de la discordia y caminará con ella... dentro y fuera.