El Grupo Popular en las Cortes anunció hoy la presentación de una enmienda a la Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de Castilla y León para que en su artículo dos se contemple la supresión de los tipos reducidos aplicables a la constitución de hipotecas en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y que entre en vigor el 1 de enero del próximo año.
Así lo anunció la procuradora 'popular', Isabel Blanco, al intervenir en relación a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación a este impuesto de AJD, así como para instar a la Junta al establecimiento de líneas de ayuda para la adquisición, alquiler y rehabilitación de vivienda habitual. Blanco estimó que se trata de una materia “complicada” para la ciudadanía y puso de relieve el hecho de que los socialistas solicitaran la tramitación de un Proyecto de Ley que elimine los beneficios fiscales a la banca cuando “está acostumbrado a gobernar por decreto” y sabe que a través de la fórmula del Proyecto de Ley “no va a dar tiempo” por la propia tramitación.
Desde el Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín fue el encargado de presentar esta PNL para pedir a la Junta la remisión a la Cámara de un Proyecto de Ley para la supresión de estos beneficios fiscales. Los socialistas también pidieron a la Junta la suscripción de un convenio con la Administración del Estado para “salvaguardar” que los bancos puedan repercutir al cliente hipotecario las cantidades abonadas por este impuesto de AJD; y a establecer líneas de ayuda “de cuantía equivalente a los beneficios fiscales que se supriman” y que vayan destinadas a los prestatarios de créditos hipotecarios que cumplan con las condiciones establecidas actualmente.
“Proponemos que se haga esta modificación inmediatamente, que se eliminen los beneficios fiscales pensados para esos contribuyentes más vulnerables, y de los que hoy mismo se benefician exclusivamente los bancos”, declaró el procurador socialista, quien también reclamó vigilancia “para que sus amigos los bancos no repercutan en los clientes el impuesto que tienen que pagar ellos”, dijo.
El procurador del Grupo Mixto (IU-Equo), José Sarrión, reclamó atención ante las “incertidumbres jurídicas” generadas y acusó a los bancos de haber “esquilmado” la economía del país y haber demostrado ahora “su capacidad para intervenir ante las instancias públicas y judiciales”. Por eso, Sarrión consideró que la banca “debería haber asumido la totalidad del pago del impuesto desde el principio”, dijo. “Reducir el poder de los bancos y el coste que recae sobre las familias tiene que ser nuestro objetivo”, reclamó.
El procurador del Grupo de Podemos, Féliz Díez, no ocultó que ahora se pretende que se devuelvan los 3.000 euros de media que calculó que se debe a cada familia de Casitlla y León, y trasladó el respaldo a la iniciativa socialista por entender que “es lo que debería haber traído aquí el PP”, a quien recriminó su falta de rapides de actuación “con los ricos”.
Por último, por parte del Grupo de Ciudadanos, su portavoz, Luis Fuentes, defendió que la propuesta socilaista comparte su propósito de garantizar que el impuesto de AJD no vuelva a recaer sobre los ciudadanos y que las clases medias mantengan las ventajas fiscales, pero lamentó que se trate de “un parche improsivado a lo que está pasando” y calificó como “chapuza” el Real Decreto del Gobierno. “Hay que dar seguridad jurídica y tranquilidad a las familias de Castilla y León”, reclamó.