La Federación de Servicios Públicos de UGT en Palencia denunció ayer que la firma del III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos laborales de Castilla y León implica «una privatización encubierta de un servicio público, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC)», según explicó la secretaria provincial de FSP, María de Rozas. Esta medida «desemboca en un vaciado progresivo de competencias  al incluirse la resolución de los  conflictos laborales de carácter individual en el Serla en detrimento del  SMAC que hasta ahora  tenía atribuida dicha competencia».

Implica además la pérdida de unos 50  puestos de trabajo  en Castilla y León, dos  de ellos en Palencia,  hasta ahora cubiertos por funcionarios de carrera  que, a partir del citado acuerdo, quedarán amortizados. Los afectados se recolocarán, pero supone «una pérdida de empleos públicos irrecuperables que afectaría a todas las provincias de la Comunidad».

Otra de las consecuencias es una posible «pérdida de objetividad, neutralidad, imparcialidad y profesionalidad», puesto que los conflictos dejarán de ser resueltos por funcionarios de carrera   y pasan a resolverse por mediadores o conciliadores designados  por los firmantes del acuerdo «por lo que pueden concurrir intereses personales o profesionales directos».

El sindicato cuestionó además que esta medida vaya a dar más agilidad a los conflictos. «En ningún caso es cuestionable la efectividad y celeridad del SMAC en la solución de conflictos laborales, que tiene una cuota de resolución de conflictos individuales en despidos de un 44%. Además, encarece el servicio con un coste a mayores para la Junta de 3 millones de euros».

FSP-UGT aclaró que no ponen en duda la labor del Serla, pero piden a la Junta «que no dé su apoyo económico para extender a este organismo los confictos individuales entre la empresa y los trabajadores» e insiste en que es un servicio público que ya existe.

El sindicato reclamó además a la Administración Regional que «cumpla con lo que tanto predica como es la racionalizacion del gasto publico y la transparencia en su gestión, evitando privatizaciones y duplicidades».

Por último, solicitó que se recapacite sobre lo que puede suponer esta medida.