El grupo municipal de Vox, en un análisis llevado a cabo por su portavoz, Sonia Lalanda, rechaza la aprobación de la ordenanza de zona de bajas emisiones (ZBE) promovida por el equipo de Gobierno de Miriam Andrés, calificándola de «ilegal» e «inviable» por falta de rigor técnico y el incumplimiento de los procedimientos establecidos. Lalanda argumenta que seguir adelante con esta normativa sin estudios adecuados es una «irresponsabilidad» que impactará la economía y libertad de los palentinos.
Vox sostiene que la ordenanza carece de un proyecto técnico que justifique su implementación. Según las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica, cualquier ZBE debe incluir análisis detallados sobre la contaminación y su impacto social y económico. «No tenemos un documento que acredite la calidad del aire ni conocemos las fuentes de contaminación», afirma Lalanda. Además, la portavoz subraya que Palencia carece de estaciones de medición operativas, lo que invalida cualquier intento de delimitar la ZBE con rigor. Actualmente, las dos estaciones de la Junta de Castilla y León, en la avenida Manuel Rivera y el Campo de la Juventud, no han funcionado en años. «No existe ninguna medición oficial que justifique el perímetro propuesto. Esto es un ejercicio de voluntarismo sin rigor técnico», añade.
Lalanda también destaca que la delimitación de la ZBE es «arbitraria» y que sus consecuencias podrían ser desproporcionadas. Vox advierte de que la medida afectará gravemente a las economías familiares y al tejido empresarial de una ciudad con un parque automovilístico envejecido y una población con recursos limitados. «No se puede forzar la renovación de vehículos por decreto cuando las familias no pueden permitírselo», insiste la portavoz, subrayando que esto restringirá la circulación de muchos ciudadanos.
Además, Vox critica que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento exigido por el Ministerio, que incluye un diagnóstico completo y un plan de sensibilización. La formación también rechaza el argumento de que la ordenanza debe aprobarse para evitar devolver una subvención de más de un millón y medio de euros destinada a instalar cámaras en el centro. «Es inadmisible que los palentinos tengan que pagar por la gestión irresponsable de este gobierno», sentencia Lalanda.
Reconociendo la obligatoriedad de establecer una ZBE, Vox propone que se minimice el impacto con exenciones para personas con enfermedades, mujeres embarazadas y ciudadanos próximos a la jubilación, además de ampliar los plazos para sanciones. También sugieren flexibilizar las restricciones para padres con hijos escolarizados en la zona y quienes necesiten acceso a servicios médicos.