Una vez concluido el período legal de consultas, la pasada semana cesó su actividad tras 26 años la empresa familiar Talleres Estaca, dedicada en una amplia nave del polígono industrial de Nuestra Señora de los Ángeles a la fabricación de maquinaria industrial y agrícola. Los problemas económicos de los propietarios han sido insalvables y han acumulado una deuda, contado las pagas extras, de entre cinco y siete nóminas con los 12 empleados, que ya están inscritos en las listas de desempleo. En principio, la empresa señaló que se hará cargo del finiquito a la plantilla, mientras los sueldos impagados habría que solicitarlos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y tardarían en percibirse cerca de un año, con un tope que está fijado en alrededor de cinco nóminas adeudadas.
«Los dueños nos ha dicho que pagarán la indemnización correspondiente de 20 días por año trabajado, pero es probable que también acabemos reclamándola al Fogasa», explicó a DP Francisco Molina, delegado sindical, que cifró la deuda total por trabajador entre 20.000 y 30.000 euros, según cada caso.
Los continuos retrasos en el pago de salarios fueron denunciados por UGT el pasado 30 de octubre, junto a la venta de activos como maquinaria que se ha ido sacando de la empresa, a la que la plantilla achaca una mala gestión y una inversión nula para modernizar la fábrica. El sindicato denunció hace mes y medio que Talleres Estaca contaba con una alta carga de trabajo y, pese a que nunca hubo que buscar pedidos, en los últimos siete años los retrasos salariales han sido constantes.
Sandra Vega, de la Secretaría de Acción Sindical de UGT-FICA Castilla y León, denunció el «caciquismo lícito de estos empresarios», al tiempo que pidió respeto a los derechos laborales y el amparo de la Consejería de Industria de la Junta. «Primero se deslocalizaron TI y Marelli y luego hubo un gran desamparo en Siro. Si hay un consejero y un director de Trabajo tenían ya que aportar soluciones o visos legales en Talleres Estaca sin tener que ir al Fogasa», arguyó. El secretario provincial de UGT, Gorka López, fue rotundo. «Estos trabajadores viven una situación lamentable e indecente al estar abandonados a su suerte. Las administraciones deben implicarse y ofrecer alternativas a estas familias», indicó.