La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), se enroca y hace oídos sordos a las críticas por la eliminación de los 120.000 euros que reciben las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la acogida de inmigrantes a la ciudad –Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural– exigida por su Vox para aprobar el presupuesto de la ciudad para 2025. Una campaña contra los inmigrantes que desciende directamente de la estrategia política de la dirección nacional de Vox y que no aceptó la Junta de Castilla y León en julio y terminó con la salida de los de Abascal del Ejecutivo autonómico. Y lo hace pese al aluvión de reproches y peticiones de partidos políticos, empresarios, centros escolares y asociaciones sociales para que no ceda a las pretensiones de su socio de Gobierno, que culminaron este miércoles en una manifestación de más de 250 entidades en el centro de la ciudad contra una decisión ante la que, por la mañana aseguró que no había posibilidad de marcha atrás.
Ayala se escudó en la «estabilidad» de la ciudad para seguir impasible como escudera de la exigencia de Vox de retirar la ayuda en 2025 a las tres ONG. De poco ha servido hasta ahora el intento de Cáritas –a la que sí conceden subvención– de hacer entrar en razón a la alcaldesa. Pero a pesar de insistir una y otra vez en que PP y Vox son «partidos diferentes» que «piensan diferente», Ayala sostiene que su socio ve «fundamental» para el presupuesto eliminar los 120.000 euros que reciben, una acción que supondría acabar con una colaboración que ha sido bandera del PP en Burgos desde que a finales del siglo pasado se les hizo un hueco en las cuentas locales.
«Hay determinadas cosas que nosotros no hubiéramos llevado en presupuestos, pero el hecho de estar con un socio conlleva que, o las aprobamos o no hay presupuestos», señaló la regidora de Burgos en un acto junto al presidente provincial de su partido, Borja Suárez, que marcó distancias con su alcaldesa y reconoció que no les gusta lo que exige Vox, y aprovechó para poner en valor la «labor» que realizan estas asociaciones en la ciudad de Burgos. Ayala también hizo oídos sordos a la mano tendida por el PSOE para apoyarla con el presupuesto si rompe con Vox y reinstaura las ayudas, y sentenció que está «mucho más cerca de Vox que del PSOE».
La polémica ha ido en aumento desde que la portavoz del Ejecutivo local, Andrea Ballesteros, reconoció el pasado jueves que la supresión de los 120.000 euros anuales que reciben Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural era una «exigencia» de Vox. De hecho, dijo que el trabajo que han venido realizando estos años con los inmigrantes estas entidades no es prescindible y advirtió que tendrá «un impacto negativo» en los servicios sociales.
Desde entonces, no han sido pocas las voces que se han alzado contra una decisión que, lamentan, choca con la seña histórica de la ciudad como «tierra de acogida». Una oposición que, sin quererlo, encabezó Cáritas. La entidad social diocesana no fue incluida dentro del recorte de las ayudas pero renunció a la suya si no la reciben las otras tres ONG: «La acogida, promoción y protección de los migrantes contribuye a una sociedad más justa y fraterna».
Mientras, las tres organizaciones 'condenadas' por la imposición de Vox aceptada por el PP no ocultan que se trata de un «batacazo económico, profesional y emocional». El resto del tejido político, empresarial, educativo y social de la ciudad mira a la alcaldesa y al PP, a los que reclaman que ponga límites a su socio de Gobierno y devuelva las ayudas a unas ONG que suman varías décadas de trabajo con el consistorio burgalés y que, por ejemplo, se traduce en la inserción de más de 500 personas desde comienzos del 2023, tal y como publica Diario de Burgos.
Una realidad que, sin embargo, no es suficiente para mover al bipartito que gobierna el Ayuntamiento de su posicionamiento ideológico. Una postura ideológica que celebran desde Vox, que se limitan a acusar a las oenegés de contribuir al «efecto llamada» sin aportar pruebas o datos que sostengan mínimamente su proclama.