«En septiembre de 2010 recibí un mensaje en mi facebook de una persona advirtiéndome de que mi DNI estaba en Emule. Mi pareja de entonces recordó que fue él quien lo subió sin mala intención, al escanearme el DNI por un tema laboral y que, al parecer, quedó grabado en la zona de descargas de Emule». De esta forma comienza la palentina Sandra  A. T. Y., de 30 años, criada en el barrio de La Puebla de la capital y que actualmente trabaja como auxiliar de enfermería en la Unidad de Quemados del Hospital La Paz de Madrid, su angustioso relato a Diario Palentino por una situación que, lejos de solucionarse, cada día que pasa se complica más a tenor de las denuncias y requisitorias judiciales que le van llegando reclamándole importantes cantidades de dinero.

Sandra recuerda muy bien la primera receta que le llegó tras el susodicho escaneo del Documento Nacional de Identidad: «Ya en noviembre, recibí una notificación judicial en la que se me acusa de haber estafado en la Kutxa (caja de ahorros vasca), mediante Internet, a una persona en el País Vasco. Se trataba de casi 3.000 euros». «Me citaron para una toma de declaración en los Juzgados de Palencia, y ello me causó un trastorno porque tengo que pagarme el viaje, ya que yo vivo en Madrid desde hace casi 8 años, además de pedir el día libre en el trabajo».

A partir de aquí, todo vino rodado pese a que la víctima interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaría de Policía para avisar de que su DNI está al alcance de cualquiera en Emule. Sandra supo además que le habían abierto una cuenta en Unicaja a su nombre y poco después se encontró con otra sorpresa: Aparece su IP registrada desde Rusia.

La siguiente reclamación que recibió procedía de la entidad Gescobro, donde supuestamente había pedido un préstamo que con los intereses que le pedían ascendía a casi 6.000 euros. Y la lista proseguía. Lo siguiente provino de Cetelem donde, supuestamente, tiene un impago de casi 1.500 euros. «Con Cetelem ocurrió igual que con Gescobro, ya que quisieron cobrar las cantidades tras mandarme también más notificaciones con tono amenazante y plazos para pagar».

«Siempre que me demandan  o me reclaman cantidades de dinero voy a Comisaría a ampliar las denuncias, pero no las investigan o eso creo, porque a día de hoy no se me ha dado ningún tipo de información sobre ellas», lamenta la víctima palentina.

También tiene noticias de Cofidis, en Granada, que le  reclama cerca de 3.600 euros o el Corte Inglés de esa capital andaluza, que también le apremia 3.600 euros. «Este tema está abierto, pendiente de juicio, donde ya tengo notario, abogada, procuradores y posiblemente tenga que buscar un perito calígrafo para que demuestre que esa firma no es mía», aclara.

Sandra A.T.Y., por si fuera poco, tampoco encuentra aliento en el apoyo de las Fuerzas de Seguridad y las Administraciones competentes, ya que, según explica,  tras ponerse  en contacto con peritos informáticos de la Policía Nacional, en Madrid, le dicen que «es imposible acabar con esto, que haría falta un policía 24 horas para investigar qué IP se descargan mi DNI, y la Guardia Civil me dice que si ya lo denuncié ante la Policía, son ellos los encargados de investigar».

Ni que decir tiene que por cada reclamación tiene que ejecutar todo el protocolo de enviar la documentación que acredite que ha denunciado su caso y que no es partícipe de las susodichas deudas.

Lo peor de todo es que la Agencia Española de Protección de Datos, a día de hoy, ni siquiera ha respondido a la llamada de socorro de esta auxiliar de enfermería palentina, al igual que la oficina del Defensor del Pueblo, pese a que el Banco de España también le informó de que forma parte de listas de morosos.

«Miré lo de reemplazar mi identidad, un trastorno tremendo, una cosa que, además, no es tan fácil porque el número del DNI no se puede cambiar», se lamenta Sandra, quien reconoce que «sientes una impotencia total, te sientes desprotegida e indefensa porque intentas abrirte puertas para que te den  una solución, ya que yo no tengo medios para poder acabar con todo esto, pero te encuentras con que otros tampoco los tienen... o no quieren tenerlos».

La palentina sostiene además que su mayor miedo es que puedan estar utilizando su DNI con direcciones falsas (su DNI caducó en diciembre de 2009, aunque lo siguen utilizando) y que los Juzgados no la busquen y comuniquen por edicto, al no poder localizarla, por lo que le pueden embargar la nómina o cuentas con ahorros.

Pese a este vía crucis, reconoce que lo «lleva bien». «Lo peor es cuando me llama mi madre desde Palencia porque enseguida pienso que ha llegado una nueva reclamación». Y lo peor es que no es un caso aislado; cualquiera puede sufrir su misma suerte: sólo hay que escanear el DNI y llevarlo a las descargas de Emule.