El ínterin de los cien días de gracia que se solía dar a un nuevo gobierno para que los ministros se hicieran cargo de la situación y expusieran sus proyectos a la ciudadanía ha pasado al baúl de los recuerdos. Al igual que la referencia del jefe del Ejecutivo entrante a gobernar para todos, o la del líder de la oposición a mantener una actitud constructiva y leal. Todo eso ha quedado arrumbado, quizá porque se trata de un gobierno de continuidad en la que el interés declarado es proseguir la labor de la legislatura anterior, por tener tasado el tiempo para el cumplimiento de los pactos alcanzados y porque el martes mismo comenzó su andadura parlamentaria la ley de amnistía. Si el Gobierno no se da tregua, tampoco se la va a dar el Partido Popular dispuesto a mantener la ofensiva en la calle y en la Unión Europea.
Los anuncios realizados por los ministros que acaban de tomar posesión de sus cargos demuestran las prisas por abordar aquellos asuntos que urgen en materia social, pero sobre todo en materia de Justicia. El superministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dejado clara su prioridad, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años con el mandato caducado. En su toma de posesión ha afirmado su deseo de dialogar y negociar al respecto, pero también ha dejado un mensaje de firmeza: "Renovarlo no es una opción, sino una obligación que deriva del mandato de la promesa a la Constitución que hacemos los servidores públicos". "Todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo", dijo. Un aviso a navegantes después de que su nombramiento fuera recibido con un amplio rechazo por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y buena parte de la judicatura con el argumento de que al asumir un ministerio que tiene competencias sobre las tres patas del Estado está laminando la separación de poderes. La alternativa a la ausencia de diálogo es cambiar por ley las mayorías para elección de los vocales del CGPJ de extracción parlamentaria.
Por si la legislatura tiene una duración escasa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que comenzará el diálogo social sobre una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y la modificación del subsidio de desempleo, porque mediante la política social, el Gobierno pretende recuperar los apoyos que pierde por la vía de la amnistía.
En efecto, el PP no está dispuesto a conceder ni un minuto de descanso al Gobierno, aunque con alguna de sus iniciativas quizá marre el tiro, pero ha vuelto a convocar una manifestación contra la amnistía para comienzos de diciembre y ha dado un paso más en la estrategia de la tensión al sumarse a la descalificación "patológica" de Sánchez que se vierte desde determinados ámbitos de la extrema derecha, rompiendo los escasos vínculos personales entre ambos, que no contribuirá a la recomposición de los puentes políticos. Desde su independencia, tampoco los tribunales conceden tregua alguna. Simple casualidad.
El fuego amigo, o enemigo, procedente de Podemos, lanzó sus andanadas en el cambio de carteras de Irene Montero e Ione Belarra, que además de justificar su acción política leal a sus principios, recriminaron a Sánchez y al conservadurismo del PSOE que les echaran del Gobierno. Yolanda Díaz tendrá difícil lograr un armisticio en su espacio político.