No ha sido ni mucho menos una semana fácil para la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. El rechazo de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo el miércoles puso en el foco a la líder de Sumar, que sufre en sus propias carnes las consecuencias de haber condenado al ostracismo a la formación morada. La falta de mano izquierda de Díaz se dejará sentir a lo largo de una legislatura que vive sus primeros y ya convulsos compases. Y no solo por la 'victoria' pírrica de Sánchez en el superpleno, con las sabidas concesiones al Junts de Puigdemont.
La séptima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el año 2018, un incremento del 54% desde entonces, ha venido condicionada por la necesidad de Yolanda Díaz de marcar perfil propio y reivindicarse tras su 'semana horribilis', con el mencionado pinchazo propiciado por sus antiguos socios y el consiguiente cuestionamiento de la propia figura de una Díaz que no vive sus mejores momentos. Todo en la antesala de unos comicios gallegos que no auguran buenos resultados a Sumar.
La titular de Trabajo pone en la diana, una vez más, a la patronal. Al tiempo que ha acelerado un acuerdo a modo de cortina de humo que se cerraba ayer con el aplauso costumbrista de los sindicatos. Pero no todo son parabienes. Incluso desde el propio Ejecutivo, a través de la vicepresidenta primera, lamentaban la falta de acuerdo con la empresa al admitir María Jesús Montero que le «hubiera gustado que la CEOE fuera parte». Sin medias tintas se han expresado desde el Partido Popular cuyo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, calificaba de 'buena noticia' el incremento salarial al tiempo que censuraba la actitud 'chantajista' de su principal valedora.
La intransigencia de Díaz minimiza sus méritos. La necesidad de sellar un relato preponderante pone en solfa el diálogo social en el que no ha de faltar uno de los pilares claves como es la patronal que, lejos de ver atendidas su demandas como la indexación del SMI a los contratos públicos suscritos con la administración o las bonificaciones al sector agrícola, ha asistido a una subida del 5%, un punto por encima de lo planteado inicialmente por el Gobierno, en castigo a su ausencia en el acuerdo. La medida beneficiará en España a 2,5 millones de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, que pasarán de cobrar 1.080 euros a 1.134. Una mejora necesaria por ser España uno de los países con los sueldos más bajos de la UE. Pero Díaz, y por extensión el Gobierno, falla en el fondo, porque es preciso poner sobre la mesa los esfuerzos de un sector empresarial que, aunque tendente al catastrofismo, sufre, entre otras, las consecuencias de una inflación galopante; y falla en las formas. Porque su urgencia política no puede determinar medidas económicas como la subida del SMI que han de interpelar al mayor número de actores posibles.