Los indicadores macroeconómicos no son los únicos que permiten comprender la realidad económica de un territorio. Y es que la información aportada por los órganos judiciales es también de gran utilidad para obtener la radiografía de una provincia, una región o un país. 

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado recientemente los datos relativos al segundo trimestre del año de su informe sobre los efectos de la crisis económica que la Sección de Estadística del órgano publica trimestralmente. Unas cifras que, amén de las de los primeros tres meses del presente ejercicio, permiten obtener una diagnóstico de la primera mitad de 2024. 

En el caso de Palencia, los concursos de acreedores durante el primer semestre del año aumentaron hasta los 56, casi el doble de los presentados durante la primera mitad del pasado ejercicio en el Juzgado número 1, que hace las funciones de Juzgado de lo Mercantil. Del mismo modo, esta cifra ya es superior a la de todo 2023, cuando los procesos de esta índole fueron 50. 

Para los no iniciados en la materia, los concursos de acreedores comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los juzgados de lo mercantil, proceden su apertura para cualquier deudor, ya sea una persona física o jurídica, que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso. 

Durante el primer y el segundo trimestre se presentaron 28 procesos de esta índole en el Juzgado número 1, respectivamente. Como ya informó Diario Palentino cuando se publicaron los datos referentes a los primeros tres meses del año, estos 28 procedimientos constituyen la cifra trimestral más alta desde 2007, año en el que se inició oficialmente la última crisis económica. 

De forma desgranada, 25 de estos concursos fueron presentados por personas naturales (18 de ellas no empresarias y siete empresarias), mientras que los tres restantes se presentaron por parte de personas jurídicas. 
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Economistas Forenses del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Gustavo Vallejo, el aumento de los concursos presentados por personas físicas puede atribuirse a la normativa de exoneración del pasivo insatisfecho, la cual permite a los deudores, en determinadas ocasiones, liberarse de una deuda  a la cual han demostrado no poder hacer frente. «Los concursos presentados por personas físicas se han generalizado. Antes lo solicitaban las personas empresarias, ahora lo hace casi cualquier consumidor con deuda hipotecaria», subraya Vallejo en relación con estos procesos. 

El incremento de estos litigios en la provincia sigue la tónica ascendente del país. En el conjunto nacional, los concursos de acreedores llevan al alza desde el tercer trimestre de 2020; un 26,8 por ciento más entre el segundo trimestre del presente año y el mismo período del pasado. 

«España es un país con unos costes cada vez más altos, y eso hace que las empresas tengan que hacer una suspensión de pagos», valora Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid. Entre otros factores, Pampillón achaca la subida de las cotizaciones y los gastos salariales al aumento de los concursos. «Si no hay aumentos de productividad, no puede haber unos incrementos salariales tan elevados como los que se han producido en España», señala.

DESPIDOS. Además de los concursos de acreedores, el informe sobre los efectos de la crisis económica del CGPJ incluye varios datos que ayudan a comprender la realidad del país, entre ellos, el número de demandas por despido. 

Los datos aportados por el Juzgado de lo Social ponen de manifiesto un aumento de los despidos en la provincia durante la primera mitad del año. Así, los 191 procesos de esta índole presentados entre  el 1 de enero y el 30 de junio son 63 más que en el mismo período del pasado ejercicio, cuando la cifra fue de 128. 

Por trimestres, en este segundo el dato se ha alzado hasta los 103, mientras que en el primero se registraron 88.

Cabe señalar que en el pasado año, la cifra total de procedimientos de esta índole fue de 274 (288 en 2022, 281 en 2021 y 283 en  2020).

Siete de cada diez lanzamientos, por impago de alquiler
Las cifras del CGPJ referentes al segundo trimestre del año reflejan que siete de cada diez lanzamientos en la provincia se produce por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que cabe deducir que se trata de impagos de alquiler. 

En concreto, de los 24 lanzamientos llevados a cabo entre enero y junio, 17 se produjeron  por este motivo, cinco por ejecuciones hipotecarias y los dos restantes por otras causas.
Durante la primera mitad del año se ha realizado un total de 46 lanzamientos.