El número de trabajadores agredidos en los centros de Sacyl en la provincia a lo largo de 2023 ascendió a 46, un 24,3% más que en 2022, según los datos analizados en la reunión celebrada el pasado 27 de septiembre de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio de la Comunidad. En el conjunto de Castilla y León, hay que hablar de un 2,3% menos, 775 frente a 793. El área de salud de Palencia, junto con las de Burgos, El Bierzo, Salamanca y Valladolid Oeste, es una en que las agresiones a trabajadores aumentaron el pasado año (7%, 78,9%, 50% y 8,1%, respectivamente).
Asimismo, se incrementó el número de incidentes, y es que los 44 contabilizados en 2023 representan un 57,1% más que en 2022, ejercicio en el que se registraron 28. El de Palencia es el segundo mayor aumento, por detrás del área de salud del Bierzo, con el 63,2%, y por delante de Salamanca (52,8%). En el conjunto de la comunidad, hay que hablar de un 2,9% más.
Según los datos difundidos, ya relativos a los trabajadores agredidos por ámbitos asistenciales, 25 lo fueron en el hospitalario y 21 en el de Atención Primaria. En la comparativa con respecto a 2022, poner de manifiesto el incremento del 78,6% y el descenso del 8,7%, respectivamente (14 y 23). El de hospitales es el segundo mayor aumento, y es que donde más subió fue en el área de salud de El Bierzo (80%), mientras que en Segovia descendió (-51,9%) y sin embargo creció en Atención Primaria un 72,2%. En cuanto a los trabajadores agredidos por categorías profesionales, de los 46, 18 son personal facultativo, 17 de enfermería, cinco TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), tres celadores y tres administrativos.
El perfil más habitual del agresor en Castilla y León es una sola persona (85%), varón (50,7%), cada vez más igualados con las mujeres según la comparativa anual, y paciente (52,9%), aumentando con los años el porcentaje de agresores acompañantes (de un 35% a un 47%). Por edades, un 56,5% de los agresores es mayor de 46 años.
En cuanto al tipo de incidente (a nivel regional), las agresiones físicas han experimentado un fuerte descenso, pasando de 209 en 2022 a las 118 en 2023 (-43,5 %), destacando el descenso progresivo sobre el total de agresiones, ya que, por ejemplo, las físicas supusieron el 11,8 % en 2021, frente al 5,4 % del año pasado. Se redujeron las agresiones físicas al personal de enfermería (de 101 en 2022 a 43 en 2023), en TCAE (de 67 a 42) y en celadores (de 24 a11). Por el contrario, en el personal facultativo se incrementaron, pasando de 14 a 19.
Un dato interesante refleja que de las 118 agresiones físicas registradas en Castilla y León en 2023 en los centros de Sacyl, 42 lo fueron en servicios o unidades relacionados con la salud mental (el 35,6% del total), por 26 en Urgencias, es decir, más de la mitad tiene lugar en dos áreas muy concretas.
Las que sí aumentaron fueron las agresiones verbales -que también lo son, aunque a veces se olvide-, ya que sumaron 709, frente a las 666 del año anterior o las 525 de hace dos.
En cuanto a las causas registradas como posibles desencadenantes de la agresión, el balance indica que en primer lugar se encuentra una disconformidad con la atención recibida, seguida por no atender sus demandas -por ejemplo pedir una baja-. Otras causas que aparecen se refieren a disconformidad con el trato (por ejemplo el tiempo de espera), conductas problemáticas o adicciones del paciente (las dos últimas suman casi dos de cada diez incidentes).
más de las que se denuncian. La secretaria provincial de Satse, Sonia Pascual, señala que, por los estudios internos del sindicato, «la mayor parte de las agresiones no se denuncia», y es que dentro del personal de enfermería, el que más agresiones sufre, sobre todo mujeres, «disculpan a los pacientes y a los familiares por su situación familiar y algunas veces no lo denuncian por no crear más problemas. Sabemos que existen más porque nos lo vienen a contar», asevera.
Considera que habría que «habilitar algún sistema de educación para la salud a la ciudadanía, de control de las emociones, de quién es el responsable de su situación y de contención de esa agresividad». También expone que, si bien considerar a enfermeras y médicos autoridad pública es una medida disuasoria, «se ve que no es suficiente». «En la pandemia la población parece que era consciente de la situación que tenían que vivir los profesionales, pero hemos vuelto a lo anterior o peor, al mal uso del sistema sanitario y considerar al profesional responsable de que no funcione», concluye.