El conflicto judicial por el derecho de superficie del parque de bomberos dio ayer un paso clave hacia su resolución definitiva. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo celebró, por fin y tras dos aplazamientos, la vista judicial entre el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, en la que, tras la exposición de argumentos por ambas partes, el caso quedó visto para sentencia.

Ahora está en manos del juez Victoriano Lucio Revilla decidir sobre el fondo de esta disputa institucional, que no es otro que determinar si el Ayuntamiento debe ceder a la institución provincial la potestad de usar tanto el suelo como lo construido en él -es decir, el parque de bomberos- como si fuese su propietario.

La disputa. Para entender la verdadera dimensión de este conflicto y por qué la Diputación exige «la constitución del derecho de superficie sobre la parcela de propiedad municipal de una extensión de 1.891,26 m², (...) en la que se construyó el parque de bomberos provincial», hay que remontarse al 6 de octubre de 1981. Aquel día, ambas instituciones, para garantizar la prestación de un «servicio provincial» de bomberos, llegaron a un acuerdo por el que la Diputación se comprometía a construir un parque contra incendios en un solar de propiedad municipal ubicado en el polígono Nuestra Señora de los Ángeles de la capital. Con cargo a su presupuesto, gastó 55.000.000 de pesetas en la construcción del edificio y otros 10.000.000 en la compra de un camión autoescala.

A cambio, el Ayuntamiento acordó la constitución de un derecho de superficie a favor de la Diputación sobre dicha parcela durante un plazo de 75 años. Dicho de otra forma, el Consistorio cedería a la institución provincial la potestad de usar ese suelo y lo construido en él, es decir, el parque de bomberos, como si fuese su propietario.

Sin embargo, ese acuerdo plenario nunca se materializó, y aunque la Diputación sí ha requerido en diversas ocasiones el cumplimiento del mismo (1984, 1987, 1988, 2017 y 2021), no ha sido hasta ahora cuando ha llevado el asunto al juzgado.

Las hostilidades. Si la disputa se ha judicializado es porque la colaboración que históricamente han mantenido el Ayuntamiento y la Diputación -y que ha permitido que el Sepeis capitalino prestase su servicio en los pueblos del alfoz- quedó rota durante el anterior mandato, cuando el Consistorio rechazó la firma de un nuevo convenio en enero de 2022, bajo gobierno del PP y Cs.

Aunque las nuevas corporaciones capitalina y provincial intentaron alcanzar un acuerdo, lo cierto es que las posturas -e intereses- de una y otra institución nunca estuvieron cerca. La última propuesta que Ángeles Armisén trasladó a Miriam Andrés fue la de firmar un convenio en materia de extinción de incendios a cambio de un desembolso de 305.000 euros por 21 actuaciones, un 50% más respecto al anterior acuerdo entre ambas instituciones. El Ayuntamiento la rechazó de plano.

En junio del año pasado, la Diputación demandó al Ayuntamiento. «Tras más de 30 años de acuerdos para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios, el Consistorio ha rechazado las propuestas remitidas por la institución provincial, por lo que la Diputación va a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para seguir prestándolo desde la máxima seguridad para los ciudadanos», aseveró la primera en un comunicado.

Un paso que la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, recibió con «estupor y sorpresa», asegurando que la institución capitalina duda de que exista ese derecho de superficie de 75 años a favor de la Diputación sobre la parcela donde se encuentra el parque de bomberos, porque nunca se constituyó ya que no se registró ante notario, y que, en todo caso, ese acuerdo es previo a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, que reguló las competencias en materia del servicio de prevención de incendios. «Ahí se dice que a la Diputación le compete exclusivamente la prevención y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes», recalcó Miriam Andrés. Será el juez quien determine quién tiene razón.