La abstención del Partido Popular y del concejal no adscrito Domiciano Curiel, amén de los votos favorables del Partido Socialista, permitieron ayer al equipo de Gobierno aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones para hacer frente al pago de 815.208,57 euros derivados de 211 facturas pendientes de 2024.

En la comisión informativa del pasado 11 de febrero, todos los grupos de la oposición manifestaron su negativa a aprobar dicho reconocimiento, por lo que el optimismo de cara al pleno no era patente. Precisamente, antes de iniciar la votación de ayer –para la que el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín, solicitó un voto nominal que el pleno rechazó- el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, apeló a la responsabilidad del resto de concejales. «Los empresarios solo esperan cobrar lo que se les adeuda. Si el pleno decide que no se les pague, no solo se causa un daño directo por el que van a ir al juez a que se les reconozca su obligación, sino que además el Ayuntamiento perdería reputación en el sentido de la contratación de cara a los empresarios futuros», expuso el edil.

En la última Comisión de Hacienda, los grupos solicitaron al equipo de Gobierno dividir el reconocimiento extrajudicial en dos bloques, separando aquellos gastos que, a su criterio, no se habían ejecutado correctamente. Esta decisión tuvo su justificación en el informe de Intervención, el cual alertaba de incumplimientos en la tramitación y aprobación del gasto, señalando que algunas de las facturas pendientes correspondían a servicios prestados sin contrato vigente, mientras que otras se habían generado sin que hubiera una consignación presupuestaria. 

Gran parte del debate plenario de ayer estuvo centrado en el Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas, al que corresponden 90 de las 211 facturas pendientes de pago. En total, 436.324,05 euros derivados de la contratación de espectáculos, conciertos, producción técnica y eventos vinculados, en su mayoría, a las pasadas fiestas de San Antolín. Asimismo, el informe de Intervención detalló que al menos 42 pagos se tramitaron sin que existiera crédito, entre los que figuraban el alquiler de equipos de sonido e iluminación, la producción de eventos musicales, espectáculos pirotécnicos en distintos puntos de la ciudad o la gestión de redes sociales y promoción digital de las fiestas. 

Además, también se identificaron contrataciones sin un expediente previo, como actuaciones de orquestas, espectáculos de calle, eventos de animación o la grabación y edición de vídeos de los actos principales de San Antolín. 

DISCULPAS. El concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, aceptó las críticas del resto de la Corporación y reconoció que el trabajo fue «infinitamente mejorable». «La situación no fue fácil de manejar […]. Todos queremos que San Antolín sea importante. Es difícil cuando todo está programado, desprogramarlo», manifestó el edil, al tiempo que reconoció que la disyuntiva el pasado verano estuvo en mantener las fiestas tal y como estaban programadas o cancelar algunos de los actos y eventos acordados, lo que hubiera significado echar atrás a varios promotores. «¿Qué hubierais hecho los demás si, a 1 de julio, tuvierais que dejar sin trabajo a un montón de gente -en referencia a los empresarios contratados- porque no hay remanente positivo en el Ayuntamiento», preguntó Fernández, para quien Vox pidió incluso la dimisión.

Por otra parte, el edil defendió que los sanantolines son «una inversión para la ciudad». «Preguntadle a la hotelería y a la hostelería. El impacto económico más consistente que tenemos en esta ciudad son las fiestas», aseguró. 

OPOSICIÓN. El popular Sergio Abril calificó la medida ayer aprobada como «la extrajudicial ómnibus», un expediente con el que, prosiguió, «intentar que 25 concejales paguen de golpe y plumazo lo que otros no han sabido hacer». «¿No había dinero en verano de 2024? ¿Es más fácil el reconocimiento de una extrajudicial que ponerse a trabajar?», criticó.

Abril reprochó al equipo de Gobierno que este mecanismo «debe entenderse como una excepción y no para hacer gastos sin suficiente consignación presupuestaria». «Con su forma de actuar están convirtiendo en ordinario lo extraordinario», aseveró, a la vez que recordó los casi seis millones de euros que la administración local desembolsó en 2024 a través de este procedimiento. «¿Por qué no gastamos en el programa de fiestas sin ningún tipo de procedimientos ni contratos? ¿Por qué no declarar a San Antolín libre de reglas fiscales?», ironizó el concejal popular. 

A pesar de las críticas, el PP anunció su abstención «como voto de responsabilidad», si bien avanzó que, a partir de ahora, comenzará el «voto de la consecuencia». «Se les ha acabado el crédito de las extrajudiciales de confeti y pandereta», sentenció Abril. 

La alcaldesa capitalina, Miriam Andrés, agradeció a los populares la postura adoptada, aunque también recordó que el remanente negativo del ejercicio pasado fue «una situación extraordinaria». «Ese remanente es del presupuesto de 2023, que no era de este equipo de Gobierno», afirmó la regidora, quien asumió «toda la responsabilidad» de lo ocurrido con el presupuesto de San Antolín.

Una justificación similar a la del Partido Popular fue la manifestada por el concejal no adscrito Domiciano Curiel. «Tenemos una obligación con nuestros empresarios», defendió, no sin antes reclamar al Ayuntamiento que debe «controlar el gasto». 

Cabe aclarar que en el expediente se incluyen otras facturas además de las del Servicio de Cultura, Turismo y Fiestas, como las 42 del suministro eléctrico por 157.817,63 euros, algunas sin crédito y sin contrato vigente. También figuran servicios que han continuado prestándose pese a la finalización del contrato, como el mantenimiento de la casa de acogida, la gestión del tráfico o el de recogida de papel y cartón. A ello se suman otras sin acreditación de precio de mercado, como reparaciones de vehículos de la Policía Local o asesorías jurídicas.

Vox, ¡Vamos Palencia!, Izquierda Unida-Podemos y el concejal no adscrito Ricardo Carrancio votaron en contra de la propuesta. La portavoz del grupo municipal de Vox, Sonia Lalanda, criticó «el descontrol» del equipo de Gobierno, para, en su siguiente intervención, dirigirse de forma expresa al edil de Fiestas. «Usted ha querido gastarse un dinero con una consignación que no había. Debemos dar gracias a que no contratara a los Rolling Stones o Bruce Springsteen», ironizó.

¡Vamos Palencia! también reprochó a los socialistas su forma de actuar y anunciaron que no iban a ser «cómplices» de la situación. «El presupuesto entiendo que es para algo. Si hay 800.000 euros para fiestas, deberemos ceñirnos a ellos», criticó el portavoz de IU-P, quien lamentó que  «PP y PSOE se salven una vez más entre ellos». Por su parte, Carrancio tildó la gestión de «un error insalvable». «La responsabilidad es del equipo de Gobierno», concluyó.

El Consistorio reorganiza sus órganos tras los cambios en ¡VP!

El de ayer fue el primer pleno en el que Domiciano Curiel, antiguo portavoz de ¡Vamos Palencia!, figuró como concejal no adscrito tras su expulsión de la formación localista. 

Esta decisión, amén de los cambios internos dentro de ¡VP!, ha supuesto una reorganización en la administración local, entre otras cuestiones, en la composición de las comisiones informativas. 

Así, estos órganos quedarían con la siguiente composición: PSOE, tres representantes; PP, dos representantes; Vox, un representante con voto ponderado del 66,67 %; ¡Vamos Palencia!, un representante con voto ponderado del 66,67 %; IU-Podemos, un representante; y los concejales no adscritos, dos representantes con voto ponderado del 33,33 %, respectivamente. 

Domiciano Curiel cambió su sitio en el salón de plenos, sentándose junto a Ricardo Carrancio, el otro concejal no adscrito. Sus votos diferieron en la mayoría de ocasiones de los de sus antiguas compañeras de grupo, llegando incluso a abstenerse en la moción que ¡VP! presentó.