A lo largo de este mes España ha vivido una nueva crisis migratoria con la llegada de miles de personas en cayuco procedentes de las costas de Senegal con la isla de Hierro como destino preferente, aunque otras embarcaciones han llegado a distintos puertos de las Islas Canarias, que han saturado los recursos previstos para estas ocasiones. Y como en otros momentos en que han ocurrido avalanchas similares se han repetido los problemas para su reubicación y las protestas políticas por ese hecho. A estas alturas todos los protocolos sobre cómo abordar estas crisis tenían que estar ya engrasados y así tendría que ser si la situación de los migrantes irregulares no fuera utilizada como munición política y más desde que Vox ha hecho de este asunto una de sus señas de identidad.

El Ministerio de Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, ha comenzado el reparto de estas personas por distintas ciudades, lo que ha originado las protestas de dirigentes autonómicos y locales del Partido Popular y de Vox, que en este asunto actúan de consuno, y realizan críticas al Gobierno en funciones en dos direcciones, la primera por falta de información y la segunda mezclando inmigración, delincuencia, seguridad nacional y salud pública lo que hace que las críticas tengan una dimensión rayana en la xenofobia.

La gestión de las cuestiones relacionadas con las migraciones es una competencia estatal pero no está de más que el ministerio correspondiente anunciara con antelación a las comunidades autónomas los traslados que va a realizar, su número y el destino de los migrantes en tanto se resuelve su situación, y no hacerlo a posteriori o cuando han comenzado a llegar a sus lugares de residencia provisional. Es una cuestión formal, porque en el fondo es muy probable que comunidades autónomas y los ayuntamientos de acogida formularan otro tipo de críticas por la presencia de migrantes irregulares, y porque en lo que es de su competencia, la acogida de los menores no acompañados, no dejan de presentarlo como un problema de todo orden, a la vez que han demostrado una escasísima solidaridad con Canarias a la hora de asumir su reparto.

En cuanto al abordaje integral de las crisis migratorias, España cuenta con su particular "Grupo de Visegrado" –la confluencia de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia que torpedean todos los acuerdos sobre reparto de migrantes llegados a la UE- en este caso formado por los líderes  nacionales y autonómicos de Vox, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y los dirigentes populares con mayor cercanía a los postulados de la extrema derecha que difunden o no atajan los bulos sobre la transmisión de enfermedades, con verdades a medias o directamente mentiras sobre la relación entre inmigración y delincuencia, o que ponen el acento en los riesgos para la seguridad nacional pese a que los migrantes de esta oleada no proceden de países del Sahel, o consideran que las acciones de las ONG tanto en el momento de su llegada como en su asistencia es una suerte de colaboración con la mafias del tráfico de personas. Por supuesto se muestran partidarios de la utilización de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras en lugar de aumentar los fondos para la cooperación internacional de los países emisores. Como cualquier tipo de acuerdo entre el Gobierno en funciones y el PP es imposible, la crisis migratoria de Canarias será una más resuelta a medias.