La Fiscalía Europea investiga la posible existencia de una trama que, presuntamente, habría cometido varios delitos de estafa o, alternativamente, de falsedad documental, fraude de subvenciones e incluso presunta prevaricación administrativa, para captar ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, una información que adelantó ayer la Cadena SER.
El procedimiento de la Fiscalía Europea se produjo tras la intervención de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma). Se había detectado «un número de titulares de explotaciones de ganado bovino que podrían estar creando condiciones artificiales con el fin de obtener ilícitamente ayudas de la Política Agraria Común». La actuación de los expertos de la Benemérita se fraguó a raíz de la denuncia formulada por un técnico de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta en Palencia el 14 de junio de 2022, según el decreto de incoación elaborado por la Fiscalía Europea y al que ha tenido acceso Diario Palentino.
Según el decreto, «en la generación de las condiciones mendaces pudieran estar auxiliados por varias juntas vecinales de Palencia mediante una presunta asignación ilegal de pastos», siempre según los antecedentes de hecho que describe el mencionado órgano fiscal.
Se investiga, además de la presunta cesión ilegal de pastos, y si se ha producido una falsificación de guías de ganado con el objetivo de conseguir las ayudas europeas. En cuanto a los investigados, hay una veintena de particulares y ocho empresas ganaderas que, presuntamente, compondrían la trama para captar las subvenciones de forma ilegal.
Según pormenoriza el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso DP, las explotaciones ganaderas afectadas tendrían la calificación de cabaderos dedicadas por tanto al cebo y engorde de terneros con destino directo al matadero, en tanto que se estaban recibiendo ayudas europeas por el aprovechamiento de unos pastos que, además, por su lejanía, se infiere que no están utilizando para la alimentación del ganado. Todas las explotaciones afectadas están ubicadas a una distancia superior a los 50 kilómetros respecto de los pastos comunales declarados. Esta circunstancia constituye «una situación de riesgo que debería implicar un control por parte de los responsables de la administración».
Así las cosas, la denunciante comunicó por escrito las supuestas irregularidades a su superior jerárquico, quien, al parecer, hizo caso omiso a sus advertencias. De hecho, las ayudas correspondientes a la solicitud única de la PAC 2022 han sido abonadas total o parcialmente a los beneficiarios solicitantes. La denunciante ha cursado además informes relativos a la necesidad de modificar el Coeficiente de Adminisibilidad de Pastos (CAP) de una localidad norteña por entender que existen coeficientes irreales no compatibles con la naturaleza del terreno. Sostiene, finalmente, que hay una trama de personas físicas y jurídicas que supuestamente gestionarían los referidos pastos con el fin de permitir el cobro ilícito las cantidades procedentes de la PAC.
Algunos de los investigados son de la provincia de Palencia. Hay responsables de una unidad veterinaria, de la gestión de la PAC en la provincia y de juntas vecinales de la Montaña Palentina. Según el decreto de Fiscalía aún cuando los hechos previsiblemente se remontan a ejercicios anteriores, durante los años 2021 y 2022 se han solicitado ayudas irregulares por un importe global de 712.559 euros.