Comenzó a funcionar en 2021, con el fin de luchar contra aquellos delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. Y, desde entonces, su presencia en territorio nacional ha ido adquiriendo, con el paso de los años, cada vez mayor importancia. La Fiscalía Europea se hace cada vez más fuerte en España. Prueba de ello es que este organismo ha logrado incorporar a sus filas una unidad policial de seis agentes, que trabajan ya con los siete fiscales delegados en 75 investigaciones abiertas. El resultado es evidente, pues solo en 2024 se destapó un agujero al presupuesto comunitario de unos 464,8 millones de euros.

Tres agentes de la Policía Nacional y otros tantos de la Guardia Civil suman ya sus esfuerzos para «mejorar la eficacia y agilidad» en las pesquisas que dirige esta institución supranacional, que consiguió el año pasado congelar en nuestras fronteras 25,15 millones de euros procedente del fraude.

«Es el reconocimiento de una necesidad», subraya en una conversación telefónica el fiscal europeo Ignacio de Lucas, quien agradece a las autoridades nacionales este apoyo, formalizado el pasado diciembre mediante un acuerdo entre la Fiscalía Europea y el Ministerio del Interior.

Los seis agentes trabajan ya junto a dos peritos de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) y un técnico, bajo la batuta de los siete fiscales delegados en España, una cifra algo exigua en comparación con otros vecinos continentales, apunta el entrevistado.

Este refuerzo da cuenta de cómo este órgano va ganando músculo en la nación en su cuarto año de actividad: sumó casi medio centenar de investigaciones en 2024, año que ha cerrado con hasta 75 activas, según el balance hecho público hace unos días. Más de una decena de esas causas corresponden a fraudes de IVA, con un daño estimado de 227 millones de euros, casi la mitad del total (464,8 millones).

Entre los procesos abiertos figuran el relativo a unos contratos que investigaba el juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; otro que indaga en un presunto desvío de fondos destinados a centros de menores migrantes de Canarias para usos particulares; y también relacionados con fraudes millonarios como el que destapó recientemente un engaño de IVA de 12,6 millones mediante una red de empresas pantallas en Málaga.

Llamada a denunciar

Las «abrumadoras» cifras de 2024, con 2.666 investigaciones activas en toda la Fiscalía Europea, dan también cuenta de los «desafíos» detectados en España: si a nivel global, 311 casos están relacionados con los fondos de recuperación pospandemia, en nuestras fronteras hay cuatro.

«Es una preocupación de primer nivel», admite De Lucas, que califica de «simbólica» esa cantidad de investigaciones relacionadas con los fondos de recuperación y resiliencia, dado «el volumen» que recibe la nación a través de este mecanismo.

Comprende que se trata de «un proceso progresivo» en el que irán incrementándose las investigaciones, pero tiene claro que es un aspecto «a mejorar», e interpela a las autoridades nacionales a denunciar ante la Fiscalía Europea, institución competente para investigarlo. «Hay que mejorar la detección y el reporte de casos», advierte.

Por contra, celebra el notable aumento en las denuncias de particulares en 2024 (179 del total de 240, frente a las 10 de 2023), señal    -afirma- de que va aumentando el conocimiento y confianza de los ciudadanos en que «la Fiscalía Europea va a responder; tiene medios e independencia».

Esa misma independencia en una institución del mundo de la Justicia cobra «cada vez mayor importancia», incide De Lucas, que pone en valor los mecanismos de control y supervisión en la toma de decisiones de este organismo.

Entre los retos, el fiscal incluye también la necesidad de progresar en una «cooperación leal y sincera»; tratar de explicar mejor las competencias de la institución, que ha conseguido triplicar en dos años (de cuatro en 2022 a 14 en 2024) las pesquisas contra redes de delincuencia organizada que despliegan sus tentáculos en varios países y que han encontrado en el dinero comunitario un nicho de mercado.

Pide, eso sí, no considerar como un «choque de trenes» cada discrepancia con las autoridades judiciales nacionales a la hora de determinar la competencia de una investigación.

Sucedió, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo determinó que la competencia para investigar el denominado caso Koldo era de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea. Por aquel entonces, esta última llegó a señalar que la cooperación era «ineficaz». De Lucas pide interpretar estos casos con «naturalidad», e invita al mismo tiempo a las propias autoridades judiciales nacionales a que acudan al Tribunal Superior de Justicia de la UE en caso de dudas.

Visión de helicóptero

Con los mecanismos de la Fiscalía Europea, explica, se dejan atrás las investigaciones fragmentadas que «no eran eficaces» y se despliegan pesquisas transnacionales coordinadas a través de las sedes en los diferentes estados miembros, pero también desde la central.

Con esta «visión de helicóptero» los distintos fiscales son capaces de identificar «nexos o conexiones» entre las indagaciones «en tiempo real», y detectar, por ejemplo, que un investigado en Italia tiene también causas pendientes en España.

Así, apunta el fiscal, ha conseguido «aflorar» un sector de la criminalidad y de la defraudación del presupuesto del bloque comunitario «que no estaba ni mucho menos detectado».

Con la confianza de que 2025 va a ser «un buen año», en parte gracias al refuerzo policial, Ignacio de Lucas sigue poniendo el foco en «la prioridad» de la Fiscalía Europea: recuperar los fondos defraudados, un dinero de todos.