Con la vista puesta en un largo y previsiblemente tortuoso recorrido parlamentario, la recién bautizada por el Gobierno como Ley Orgánica de Delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de Competencias Estatales en Materia de Inmigración está abocada a abrir un nuevo frente para Pedro Sánchez. Y es que, esta cesión del jefe del Ejecutivo a Carles Puigdemont, otra más, no solo no concita a priori el respaldo necesario para ser aprobada en el Congreso, sino que desata el rechazo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de suscitar dudas sobre su ajuste en el ordenamiento jurídico entre los expertos.

De igual modo, la medida pactada por el PSOE y Junts, llamada a convertirse en el enésimo pulso del secesionismo a la Constitución, pone en evidencia de nuevo que las líneas rojas en Moncloa no son inamovibles, ya que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntó reiteradamente en los últimos meses a que la posibilidad de poner estas atribuciones en manos de la Generalitat, como exigían los independentistas, era inviable.

En concreto, el acuerdo establece la entrega de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos, que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil, la gestión de los CIE y la devolución de migrantes. Y, precisamente en esta presunta «delegación» de funciones a una autonomía, cuando la Carta Magna las adjudica directamente al Estado, es donde reside la polémica.

En el plano jurídico podría decirse que hay voces discrepantes en torno a si la iniciativa tensa o no las costuras de la legalidad, esto es, si se amolda a lo que marca la Carta Magna, aunque si en algo coinciden todos los especialistas es en que pondrá a prueba la flexibilidad de la Ley de leyes, y no es la primera vez que Sánchez y su Gabinete protagonizan una situación similar. Asimismo, los juristas ven algunas lagunas que, afirman, tarde o temprano se deberían aclarar. 

Constitucionalmente, la inmigración es una competencia «exclusiva» del Estado -artículo 149-, pero la misma Carta Magna, en su artículo 150.2, prevé que se podrá «transferir o delegar en las comunidades» algunas competencias de titularidad estatal que «por su propia naturaleza sean susceptibles de ello». Así pues, ¿qué naturaleza es esa? Aquí radica la controversia.

Conforme al mencionado articulado, cualquier materia sería susceptible de ser delegada a las autonomías, con la salvedad de que el Estado tiene que poder recuperarla en cualquier momento si así lo estima oportuno, tal y como refleja la norma. De hecho, la propia Constitución precisa que el Gobierno central deberá reservarse «formas de control» sobre ella. 

Frente a esto, hay juristas que creen que la inmigración es una materia que afecta al control fronterizo y, por tanto, integra el núcleo competencial que debe retenerse bajo el paraguas estatal. Sería un cuestión, según este criterio, sensible y claramente recurrible, algo que ya está en mente del PP, ahora mismo inmerso en estudiar el documento para analizar cualquier resquicio que permita tumbarlo. 

El texto pactado consta de una larga exposición de motivos, 13 artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final única que marca que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Letra pequeña

PSOE y Junts confían en que la Cortes aprueben esta proposición de ley orgánica, algo que requiere de una mayoría absoluta y, por tanto, del apoyo de todos los socios de investidura de Sánchez. Por ello, es bueno saber qué dice la letra pequeña del acuerdo, que engloba detalles relevantes como el hecho de que el catalán sea «un requisito» para que las personas migrantes que lleguen a Cataluña puedan obtener un permiso de residencia. «Hay diferencias entre Barcelona y Madrid. ¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí», afirma Junts.

«No es atrevido afirmar que, si no conseguimos cohesionar a toda la ciudadanía de Cataluña alrededor de nuestra lengua, independientemente del origen de cada uno, la supervivencia de la catalanidad está en riesgo», sostiene la formación neoconvergente. Un alegato, el de hacer posible el dicho de Catalunya un sol poble, el mantra uniformizador reiteradamente utilizado por el fundador de CiU y expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pque pasa por defender la necesidad de preservar la «cohesión social» en la región ante las oleadas migratorias.

«Policía integral»

Más allá de las peculiaridades lingüísticas, que sin duda focalizarán la controversia cuando se conozcan todos los detalles del pacto, el documento acordado entre el PSOE y Junts incluye otros puntos de interés, como los relativos al papel de las Fuerzas de Seguridad. De hecho, el Estado delega en Cataluña el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos a través de los Mossos, a los que designa como «policía integral».

Cita entre estas labores garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana y la prevención e investigación de actos delictivos. Asimismo, se cede a la Generalitat «la emisión del informe previo favorable para la habilitación de puestos para el acceso de personas extranjeras en puertos o aeropuertos». 

El texto establece un aumento de la plantilla de los Mossos, que deberá llegar «progresivamente» a los 26.800 efectivos en 2032, lo que supone un incremento de 1.800 efectivos respecto a la situación actual. También fija que será este cuerpo el que ejercerán las funciones para la prevención, persecución, protección y asistencia de las víctimas de trata y explotación.

Devoluciones

En cuanto a la expulsión y devolución de migrantes, se delegan las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras en Cataluña. Y, a estos efectos, los Mossos, «como policía integral», actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos. Eso sí, la proposición de ley precisa que la Generalitat ejecutará las expulsiones que no requieran la tramitación de un expediente y, en el resto, esta acción se hará a partir de la propuesta del Govern.

Gestión integral de los CIE

El acuerdo alcanzado por los socialistas y los de Puigdemont establece la delegación a Cataluña de la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que incluye la dirección, coordinación e inspección de los mismos.

Se hace referencia expresa en el texto a la designación de los empleados públicos que desempeñen funciones de dirección y seguridad y a la implantación de actuaciones para la prestación de servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística.

También se establece la delegación de los traslados de internos en el interior del territorio y que la Generalitat fijará los mecanismos de control e inspección policial y administrativo del funcionamiento de los CIE, en los términos establecidos en el reglamento que los regula.

Expedición del NIE

Conforme a la proposición de ley, queda delegada la emisión de tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por la Generalitat para vivir, estudiar o trabajar en el territorio de la comunidad, «comunicándoselo a la Dirección General de la Policía» y bajo los criterios establecidos de la Junta de Seguridad de Cataluña.

Estancia y residencia. Se delega también a la autonomía la competencia para tramitar las autorizaciones de estancia de larga duración de las personas extranjeras que vayan a permanecer en Cataluña para realizar, por ejemplo, una actividad académica, así como los permisos de residencia temporal y los de larga duración, además de las posibles prórrogas, recursos o extinciones de tales avales.

Contrataciones en origen

Finalmente, en el pacto entre PSOE y Junts se delega establecer la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen de los países emisores de inmigrantes en un período determinado en relación a las necesidades de Cataluña. Para ello, la Generalitat recabará las solicitudes formuladas por las organizaciones empresariales y sindicales catalanas y, en cuanto a las demandas de las empresas, una delegación de la comunidad estará presente en las comisiones de selección creadas en los acuerdos firmados entre España y terceros países.