Los datos del empleo en febrero han vuelto a dar un respiro a un Gobierno acorralado por el caso Koldo y entrometido en cerrar el acuerdo para la ley de amnistía antes de que el jueves expire el plazo en el Congreso de los Diputados. El año arrancó con dudas por la destrucción de 232.000 empleos, algo normal por el fin de la campaña de Navidad, pero fue el segundo descenso mayor en la afiliación de la última década y que vino acompañado por un aumento del paro. Sin embargo, los 29 días de febrero le han sentado bien al mercado laboral español que cumple con las previsiones de los distintos órganos internacionales donde mantienen a la economía de España aún en la onda expansiva frente a otros estados que han iniciado la línea de la contracción.
Esta continuidad en el crecimiento de la afiliación, que supera los 20 millones -la mejor cifra desde 2007- está motivada, una vez más por la educación y la hostelería, aquella a la que la propia ministra de Trabajo quiere ponerle coto horario por las noches, y que ha suscitado el malestar lógico de uno de los sectores bandera de este país, guste o no. Sin embargo, otros, como el sanitario, transporte y, sobre todo, el comercio, caen. Éste último empieza a ser preocupante por el volumen que representa en la afiliación y que da señales de agotamiento por el impacto de las plataformas digitales, cada vez más extendidas. Es el gran reto de los nuevos tiempos.
Pese a estos buenos datos, España todavía sigue lejos de la tasa de desempleo de la media de la Unión Europea. Prácticamente, dobla el porcentaje de parados. Nuestro país sufre un problema estructural y de eventualidad en los contratos temporales que ni siquiera los fijos discontinuos inactivos han logrado maquillar unas cifras que aún son preocupantes. Hace prácticamente un año, la ministra Yolanda Díaz prometió que facilitaría el registro de este tipo de contratos que vinieron a suplir a los temporales tras la reforma laboral. Hoy en día, Trabajo sigue echando balones fuera y descarta dar el dato alegando que son las comunidades autónomas quienes gestionan estas cifras, pues no tienen «consistencia ni coherencia» al no depurar los servicios de empleo autonómico estos conceptos. Díaz, que ha alardeado durante estos meses de prometer transparencia, ahora, ni con la tendencia favorable, es capaz de explicar cómo se metieron en el cajón miles de contratos temporales. Urge desagregar esos datos para no hacerse trampas al solitario y ocultar una realidad, la del mercado laboral, que tarde o temprano emergerá cuando menos se lo esperen. Y entonces, cuando haya que tomar medidas, será tarde.