El Ministerio de Agricultura ha hecho el último balance sobre el cumplimiento de las 43 medidas de apoyo al sector agrario negociadas con Unión de Uniones y UPA en los primeros meses de este año y que se podrían considerar como la hoja de ruta del Gobierno en lo que afecta a la política agraria hasta el final de la actual legislatura.

En la misma línea de propuestas para un nuevo marco en la política agraria y al margen de los compromisos entre el Ministerio y las organizaciones agrarias que firmaron el acuerdo, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de España establecían el pasado mes de mayo un compromiso de unidad de acción por el que se planteaba al Ministerio un paquete diferente de soluciones concretas para hacer frente a los problemas, responder a las demandas y dar soluciones en materia de política agraria, PAC, comercio exterior, cadena alimentaria, agua e infraestructuras, ganadería, legislación laboral en el campo, relevo generacional, fiscalidad, seguros agrarios o medio ambiente.

En conjunto, especialmente desde quienes firmaron el compromiso con Atocha, existe coincidencia para señalar, en líneas generales, el cumplimiento aceptable de las mismas 43 medidas. En cualquier caso habría que diferenciar dos escenarios distintos: uno, el referido a las políticas sobre simplificación y flexibilización de la exigencias comunitarias, fundamentalmente en política medioambiental, Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) y, un paso más allá en la misma dirección, los ecorregímenes, todo ello en el seno de la PAC y de su Plan Estratégico; otro, lo que afecta a las medidas domésticas y bajo la responsabilidad exclusiva de la Administración española, donde los niveles de cumplimiento tienen una mayor disparidad.

De acuerdo con las actuaciones acometidas en los últimos meses, en relación con la PAC se podría hablar de avances importantes en lo que afecta a la aplicación de las prácticas medioambientales y, sobre todo, en lo referente a la simplificación y flexibilización de la misma.

Se han dado mejoras en la normativa sobre la gestión de la labranza para reducir los riesgos de degradación y erosión de los suelos en pendiente, entre otras cosas, no permitiendo hacerlo en la dirección del desnivel cuando éste sea superior al 10%. Se han aprobado normas sobre coberturas mínimas del terreno para evitar suelos desnudos como los rastrojos en los cultivos herbáceos o para el mantenimiento de la cubierta vegetal en cultivos leñosos con pendiente igual o superior al 10%.

Con los mismos objetivos de sostenibilidad del territorio se han regulado las exigencias sobre el porcentaje mínimo de superficie agraria dedicada a elementos no productivos y se ha eximido de los controles y penalizaciones en materia de condicionalidad reforzada a la explotación con menos de diez hectáreas. Igualmente cabe señalar la decisión de que el cuaderno digital de explotación sea de carácter voluntario. Finalmente, en materia ganadera se aplaza hasta el 30 de junio de 2025 la obligatoriedad de la identificación electrónica de los animales bovinos o la aplicación del Plan Sanitario Integral.

En casa.

Bajo la responsabilidad más directa de la Administración nacional también había objetivos importantes, unos cumplidos y otros en proceso de ejecución. En conjunto, en la política agraria nacional, con esas 43 medidas en la mano, se podría hablar de tres ejes: Ley de la Cadena Alimentaria y costes de producción, política comercial exterior y seguros agrarios.

En lo que afecta a la Ley de la Cadena, incluidos los costes de producción, el Gobierno elevó a rango de Entidad Estatal a la Agencia para la Información y el Control Alimentarios (AICA), pero ello no ha sido la salida o la respuesta a los problemas ni a las necesidades de la misma para desarrollar adecuadamente su actividad. La Agencia ha estado siempre muy necesitada de más medios económicos y de personal para cumplir sus objetivos de control, así como para aplicar las sanciones, junto a una mayor coordinación con las comunidades autónomas. Ligada a esta norma va el funcionamiento del Observatorio para el análisis de costes y de márgenes, para cuya actividad se necesita también otro impulso actualizando más frecuentemente sus estudios si se pretende que tengan alguna función para la sociedad.

En las políticas de fronteras frente a las entradas desde terceros países, tanto en volumen como en las condiciones fito o zoosanitarias de los productos, en la actualidad, por unas u otras razones, dominan los negros sobre los blancos y necesitan de un ajuste en defensa la rentabilidad de las producciones interiores. En ese objetivo es fundamental la aplicación de la denominada cláusula espejo, por la que las producciones importadas deberían cumplir las mismas exigencias en materia zoo y fitosanitaria que las exigidas a los productores comunitarios, incluso en materia de legislación laboral, aunque los niveles de salarios no puedan ser comparables entre un país comunitario con un tercer país.

En materia de seguros agrarios, la siniestralidad elevada de los últimos años fue motivo para reajustes sobre la financiación de los mismos, bien por la vía de mayores subvenciones, mediante mayores primas o de ambas maneras a la vez, siempre bajo las demandas de las aseguradoras. De cara al futuro, sobre la mesa está el debate de las subvenciones extraordinarias para cubrir una siniestralidad excepcional que el sistema actual del seguro no soportaría. Sobre la mesa, también la posibilidad de continuar con los mayores apoyos a la explotaciones prioritarias o a los jóvenes y además la necesidad de que las comunidades autónomas asuman mayores compromisos a la hora de apoyar las políticas de subvenciones en cada territorio.

Finalmente, entre las 43 medidas de apoyo al sector agrario, el debate se mantiene en la política de fiscalidad global, y concretamente en el mantenimiento de las deducciones del 35% en la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y del 15% en fertilizantes en el sistema de estimación objetiva; o sobre si habrá más fondos para facilitar el acceso a los créditos por parte de Saeca a los agricultores. Y, mirando al futuro, la búsqueda de medidas para el relevo generacional y la representatividad agraria.